Las “prisas” del PP con el cementerio nuclear restan garantías ambientales
La Plataforma contra el cementerio nuclear en Villar de Cañas ha convocado para el próximo domingo a las 10 h. una concentración en el puente del Conde (Villarrubia de los Ojos) y a las 11,30 h. un acto informativo en las Pasarelas Parque Nacional las Tablas de Daimiel, para continuar con sus movilizaciones en el entorno del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos (ATC).
Esta nueva movilización coincide con el sometimiento a información pública de dos procedimientos administrativos del ATC de forma simultanea: el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el de autorización previa. Según la Plataforma la documentación presentada adolece de graves carencias, por ejemplo se desconoce la dinámica hidrogeológica en los terrenos y textualmente se dice: “Para establecer los límites a la contaminación potencial de las aguas subterráneas […] es necesario un mejor conocimiento de los acuíferos y del funcionamiento de las aguas subterráneas”. Se trata de un asunto crítico con respecto a la vulnerabilidad ante posibles migraciones de radionucleidos y la posibilidad de contaminación de grandes sistemas acuíferos, así como al cauce del río Záncara y, a su vez, al Guadiana.
La propia Empresa Nacional de Residuos, ENRESA, responsable del proyecto del ATC, ha comunicado que los estudios de caracterización de los terrenos no están completos y sacó una licitación en febrero de un nuevo estudio geológico por un valor de casi medio millón de euros y 6 meses de ejecución. A día de hoy, se puede constatar la presencia de 3 máquinas realizando sondeos sobre los terrenos en los que se pretende construir el ATC.
La Plataforma denuncia que “las prisas del gobierno del Partido Popular por iniciar las obras del ATC en esta legislatura, están llevando a que se realicen los diferentes procedimientos de licenciamiento del ATC sin las debidas garantías para la protección del ambiente y la salud de las personas”.
Francisco Gil-Ortega, presidente de ENRESA, ha anunciado que se tramitarán los complejos expedientes en apenas seis meses para así empezar a “mover tierras” en enero o febrero de 2015. Este anuncio es considerado “preocupante” por la Plataforma porque la empresa no es la encargada de tramitar los procedimientos sino el Ministerio de Industria, el de Agricultura, la Consejería de Fomento y el Consejo de Seguridad Nuclear y por tanto “se podría entender como un intento de presionar a estas instituciones y, especialmente a los funcionarios encargados de la supervisión” para obtener el visto bueno en un tiempo record en relación a lo que suelen ser estos procedimientos en proyectos menos complejos y peligrosos.
Por ello, los críticos con el ATC hacen un llamamiento a los técnicos de las diferentes instituciones implicadas para que el procedimiento de evaluación “se lleve a cabo con las suficientes garantías, para que no se dejen presionar por las prisas de sus superiores políticos, que solo tienen interés partidista y clientelista”.
