El PP “ya trabaja” en una nueva Ley Electoral, tras la reforma del Estatuto

No ha habido sorpresas. Tal como se esperaba el PP ha rechazado vetos y enmiendas de la oposición y ha aprobado en solitario en el Senado, sin la presencia de ningún representante del Gobierno regional, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para reducir el número de diputados en las Cortes y dejarlo en una horquilla de entre 25 y 35.

Los representantes de PSOE, Entesa y Grupo Mixto en el Senado han reiterado su oposición a una reforma que consideran antidemocrática. Así, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y senador por designación autonómica, Emiliano García-Page, ha señalado que “lo que hoy tenemos aquí es un intento muy burdo de Cospedal de dar un pucherazo electoral en Castilla-La Mancha”.

García-Page ha querido enfatizar que es la primera vez en la historia de Castilla-La Mancha y de España que la reforma de un Estatuto de Autonomía llega con los votos de un solo partido, que además “no ha querido gastar ni un minuto en negociar, ni con el PSOE, ni con nadie”, y es también la primera vez en la historia que un Gobierno “cambia dos veces la ley electoral en apenas un año. La primera para subir el número de diputados, y la segunda, para hacer lo contrario”. Finalmente el representante socialista ha rechazado los argumentos que utiliza el PP para justificar la reforma, puesto que cree que ni supone ahorro ni es algo demandado por la sociedad.

También el coordinador regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez, ha subrayado que “se trata de una reforma histórica, por su carácter antidemocrático, como histórico va a ser el revolcón electoral que va a sufrir la presidenta regional, María Dolores de Cospedal” y anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional fundamentado en que el Estatuto “vulnera de forma flagrante derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Para el representante de IU “la reducción a la mitad del número de diputados acentúa los problemas de déficit electoral, representatividad, pluralismo político y necesidad de regeneración democrática de la región de tal forma que un partido con menos del 30 por ciento de los votos puede llegar a obtener la mayoría absoluta de los escaños”.

Nueva Ley electoral, dos años después

Nueva Ley electoral, dos años despuésEl portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, ha anunciado la intención de su partido de “ponerse a trabajar de inmediato” en la modificación de la Ley electoral al objeto de definir el número definitivo de diputados, que se aventura serán 33, y la distribución por circunscripciones, sobre la que Cañizares ha dado a entender, porque “no hay muchas más posibilidades”, que habrá tres provincias con diputados impares -Toledo, Cuenca y Guadalajara- y dos pares -Albacete y Ciudad Real-, rechazando que todas sean impares por razones de “población”.

Oferta de diálogo y desconfianza

Oferta de diálogo y desconfianza

Por su parte Carolina Agudo, diputada del Partido Popular, ha propuesto a los socialistas sentarse “para hablar” de la nueva Ley electoral de la región con el objetivo de que “salga adelante con el máximo consenso”. La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha respondido que “lejos de lo que dicen no se han puesto en contacto con nosotros porque quieren imponerlo a toda prisa. Estamos dispuestos a hablar pero no a dejarnos engañar por Cospedal”. Maestre ha señalado que a pesar del “pucherazo electoral” Cospedal no va a poder evitar que la mayoría de los ciudadanos de nuestra región “la echen” cuando lleguen las elecciones autonómicas del próximo año.

Déficit democrático

Déficit democrático

Tal como hemos venido informando el efecto de la reducción consolida el bipartidismo y elimina de facto a las minorías. La formación más perjudicada será Izquierda Unida que con el 8 % de los votos, como mínimo, que vaticinan las encuestas no obtendría ningún diputado. Eso supone que, si se diera en 2015 una participación similar a la de 2011, unos 90.000 ciudadanos que votasen esa opción se quedarían sin representación, a los que cabría unir otro 5 % (unas 50.000 personas) que votarán opciones minoritarias (UPyD, Equo…) sin obtener tampoco escaño. Es decir, un mínimo del 13 % de los ciudadanos que voten no estarían representados, para “ahorrar”, a lo que se debe añadir el voto en blanco y los abstencionistas para hacerse una idea del déficit de representatividad de las nuevas Cortes y de un Gobierno que podría estar sustentado por menos de un tercio de los electores.