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El PSOE preguntará al Gobierno si actuará tras el informe del Defensor sobre el trasvase
En rueda de prensa, Alejandro Alonso ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy, de manera unilateral, modificó las normas de explotaciones del trasvase, incluyendo el Memorándum “secreto” que cerró con el Gobierno de Murcia y que perjudica a Castilla-La Mancha, a pesar de que su presidenta, María Dolores de Cospedal, sabía que era “inconstitucional”.
Ha recordado que el PP incluyó unas enmiendas en la Ley de Medidas Ambientales, entre ellas el denominado Memorándum del trasvase Tajo-Segura que “nada tiene que ver con el contenido de la norma y que vulnera el ordenamiento de la Directiva Marco de Agua, que exige que los cambios sean sometidos a impacto ambiental y a participación pública”.
Respecto al informe de la Defensora del Pueblo, “una destacada e histórica militante del PP”, Alonso ha dicho que es un “auténtico varapalo a la decisión de Rajoy y Cospedal, pues mantiene que la norma se aprobó de manera inconstitucional, porque no se ha sometido a impacto ambiental y a información publica como obliga la legislación en materia de agua de Europa y de España”.
El Memorándum del Tajo-Segura, que son los puntos que rigen las normas del trasvase, no se sometió a un proceso de participación pública. La Defensora del Pueblo considera que un acuerdo de este tipo que afecta a varias comunidades debe ser accesible fácilmente para aquellas personas que lo requieran, en alusión a los problemas expuestos por la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche para acceder a la información sobre el trasvase. Considera la Defensora del Pueblo que este colectivo tiene razón en gran parte de los puntos que señala y pide a las Administraciones Públicas que precise determinadas cuestiones no fijadas en el Memorándum.
Tras recordar que las Cortes de la región “traicionaron” los intereses de los castellano-manchegos, que no tendrían que haber avalado esa norma, y había que haberla recurrido por inconstitucional, Alonso ha indicado que este informe de la defensora va a ser usado por el PSOE en el procedimiento que se sigue en la Comisión Europea contra esta norma, a fin de conseguir su derogación.
