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PSOE y Podemos pactan elevar la reserva de contratos públicos para empresas de inserción

Según una de sus enmiendas conjuntas a los Presupuestos de 2018, el porcentaje pasará del 6% al 8%, también para centros especiales de empleo

Ambos partidos acuerdan también reservar el 7% de empleo público a personas con discapacidad

Se incluirán medidas de conciliación en los pliegos de las subcontratas

Los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2018 incluirán el aumento en dos puntos del porcentaje de la contratación pública reservada a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Así lo recoge una de las enmiendas conjuntas que PSOE y Podemos, también socios de Gobierno en la región, quieren incluir en las cuentas públicas del año que viene, y que supondría ampliar el espectro y el ámbito de actuación de este tipo centros. Para ello se modificará una de las disposiciones adicionales del proyecto de Ley, y entrará en vigor en el próximo ejercicio tras aprobarse previsiblemente antes de Navidad. Según ha asegurado el propio Ejecutivo regional, el objetivo es “avanzar en los principios de solidaridad” y “conseguir una sociedad más justa” a través de la contratación pública.

Precisamente, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha referido a esta cuestión durante esta semana tras reunirse con representantes de la Mesa del Tercer Sector, a los que explicó las líneas fundamentales de los Presupuestos.

La reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción de un mínimo del 6% del presupuesto total de la Administración regional para la contratación de diferentes servicios, que venía establecida en los Presupuestos de 2016, se plasmó en la firma de un convenio hace un año entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo en la región (FEACEM-CLM), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla-La Mancha y el Consejo Territorial de la ONCE en la región. Ahora, mediante esta enmienda, este porcentaje se incrementará hasta un mínimo del 8%.

Se da la circunstancia de que, en materia de contratación pública, el Gobierno regional también aprobó el pasado año las cláusulas sociales, que tienen entre sus objetivos facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En total, según el consejero, las cuentas públicas del año que viene destinan más del 70%  a gasto social, lo que supone un total de 5.197,4 millones.

Proyectos CREA y cupo para discapacidad

Otro de los proyectos con los que cuenta el Gobierno en este sentido es el programa ‘Proyectos CREA’, consistente en ayudas dirigidas a asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad económica en la región, y entre cuyos fines está la integración y formación sociolaboral de colectivos con especiales dificultades en esta integración.

Los destinatarios finales de estas ayudas son personas con una discapacidad igual o mayor del 33%, las víctimas de violencia de género y de atentados terroristas, las personas en riesgo de exclusión y que cobran rentas mínimas de inserción o no han podido acceder a ellas por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

También pueden acogerse a las ayudas los menores internos o jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 que procedan de instituciones de protección de menores, las personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos y aquellas procedentes de centros de alojamiento alternativo o de servicios de prevención e inserción social.

Finalmente, otra de las modificaciones de carácter social en las cuentas públicas que han pactado los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos modifica la Ley del Empleo Público en Castilla-La Mancha de forma que queda reservado un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. Según se estipula, este porcentaje se realizará de manera que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas para aquellas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

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