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El Plan de Garantías Ciudadanas recibe luz verde de la Comisión de Vivienda

La vivienda de segunda mano sube un 1,9 por ciento en 2016, la primera subida en 9 años

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado los trámites de participación y consulta de los agentes sociales y organizaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas y lo ha hecho sometiéndolo al conocimiento y consideración de la Comisión Regional de Vivienda, máximo órgano de consulta y participación a nivel autonómico en la materia habitacional.

La Comisión ha estado presidida por el director general de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento, José Antonio Carrillo que ha dado cuenta de los principales contenidos del Plan que permitirá que los castellano-manchegos tengan garantizada la vivienda, los suministros del hogar y la renta, bien a través del empleo o de un ingreso mínimo. En este sentido Carrillo ha manifestado que se trata de un Plan “bandera” en la región, con una vocación “integral e integradora” en el que el ciudadano afectado por la crisis económica podrá encontrar el apoyo necesario para salir de esa situación.

El Plan se asienta sobre tres programas. El de garantía de suministros básicos del hogar que comprenderá el plan de pobreza energética que se viene aplicando desde hace dos inviernos, y se servirá de la red regional de oficinas del consumidor para facilitar información y asesoramiento a las personas que lo necesiten. Otro programa es el programa de renta garantizada que tiene por objeto propiciar un mercado de trabajo “inclusivo e incluyente”, en el cual tienen cabida los planes de empleo y se intermediará con las empresas para favorecer la integración laboral de las personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Programa de garantía habitacional y sus cinco objetivos

Y finalmente el programa de garantía habitacional, objeto de una especial atención en esta sesión de la Comisión Regional de Vivienda. Su fin es procurar la satisfacción del derecho a la vivienda tanto en su vertiente de acceso como en la de permanencia en ésta a favor de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Este último programa tiene cinco grandes objetivos. En primer lugar tratar de evitar situaciones de riesgo de exclusión habitacional mediante el fomento y apoyo al arrendamiento de viviendas. Para llevar a cabo este objetivo, el programa prevé varias medidas entre la que destaca la que se concreta en las ayudas al arrendamiento a la vivienda que regularmente convoca la Consejería de Fomento, con un plazo de la actual convocatoria hasta el próximo 28 de febrero.

En segundo lugar, la puesta en valor de los recursos habitacionales públicos, integrándolos como un bien básico dentro de la figura de la renta garantizada. Para este objetivo la Consejería de Fomento viene articulando una serie de medidas como la regularización de las distintas situaciones que puedan darse en las viviendas del parque autonómico, así como la integración de éstas dentro de la renta garantizada que compone el Plan Integral.

El tercer objetivo sería el desarrollo de una Ley Integral de Vivienda que tenga como fin procurar la efectividad del derecho de acceso a la vivienda que se encuentra en fase de redacción y también de garantizar este derecho ante situaciones de insolvencia sobrevenida. En este cometido ocupan un papel prioritario las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que recaban la atención y apoyo a nuevas situaciones de posible vulnerabilidad habitacional como las dificultades a la hora de afrontar las rentas de alquiler.

Y por último, “garantizar la integración e interacción de las políticas sociales y de vivienda”. En este sentido las medidas pasan por una decidida participación en las actuaciones de vivienda por parte de profesionales del ámbito social y de una interacción constante entre las políticas de Bienestar Social y de Vivienda. Igual interacción ha de procurarse en el ámbito del empleo, donde se potenciará la realización de actuaciones de mejora de los parques públicos de vivienda a través de las figuras de los planes y talleres de empleo que regularmente viene convocando el Gobierno regional.

Todas estas propuestas han sido apoyadas en la Comisión Regional de Vivienda, cuyos miembros no obstante podrán hacer aportaciones al texto del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, al tratarse de un “documento vivo” que habrá de evolucionar a lo largo de su tramitación administrativa y hasta su desarrollo final.

Borrador de la nueva Orden de Bases de ayudas a la rehabilitación edificatoria

En otro punto del orden del día de la sesión se ha dado cuenta a la Comisión Regional de Vivienda del borrador de la nueva Orden de Bases de ayudas a la rehabilitación edificatoria en la que trabaja la Consejería de Fomento. Esta Orden busca continuar con el éxito de la anterior convocatoria en la que se ha comprometido crédito para ayudas por importe superior a los 11 millones de euros en el conjunto de la región durante el ejercicio 2016.

La Federación de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha y el representante de los cinco Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación regional, José Antonio de la Vega García han realizado en la sesión aportaciones a la nueva Orden de Bases, expresando este último su satisfacción por que esta nueva convocatoria recogiese la propuesta de incorporación de ayudas para la implantación de medidas de prevención de incendios en viviendas, dados los varios siniestros de este tipo que se han registrado este invierno, en particular en hogares habitados por personas de avanzada edad.

La Comisión también han estado representadas asociaciones empresariales y vecinales de Castilla-La Mancha, así como de diversos colegios profesionales, como el de Arquitectos y el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación. También forman parte las Consejerías de Bienestar Social, Educación y Hacienda y Administraciones Públicas. Y como invitado ha asistido el nuevo decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo.

Por último, una vez evaluados los resultados del Plan en su conjunto, culminará en una Ley que será debatida en las Cortes de Castilla-La Mancha.

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