Plataforma contra el silo nuclear pide que Anticorrupción investigue el dinero adjudicado
La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha enviado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción a través del cual solicita que se investigue “todo el dinero que se ha licitado y adjudicado” por parte de Enresa para “fines que no son los que tiene fijados por Real Decreto” en torno a un proyecto “paralizado”. Así lo ha explicado la portavoz de dicha plataforma, María Andrés, que ha apuntado como posibles responsables a la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, así como al presidente y expresidente de la entidad, Juan José Zaballa y Francisco Gil Ortega, respectivamente, aunque tampoco descartan “que pueda haber otros responsables”.
La portavoz ha subrayado que el proyecto lleva paralizado desde el 30 de julio, a pesar de lo cual “se han seguido haciendo adjudicaciones y no entendemos la razón”. “Gran parte del presupuesto que se lleva gastado no se justifica y debería ser investigado”, ha valorado. En concreto, la plataforma ha solicitado que se investiguen las obras realizadas a partir de convenios con la Diputación de Cuenca, la empresa pública Gicaman y varios ayuntamientos para la construcción del laboratorio y el vivero de empresas por valor de 2,46 millones de euros, “que no se justificaron y que llevan abandonados desde marzo”, ha lamentado.
Junto a ello, también pide que se investigue el gasto en carreteras que “no entran en el desarrollo del ATC”, ya que “no servirán para el transporte de residuos” y que han supuesto un desembolso de 7,8 millones de euros. Obras, todas ellas que, ha dicho, “no están justificadas ni siquiera en el proyecto y, por tanto, no entendemos por qué se ha usado ese dinero público para hacerlas”, ha apostillado.
Asimismo, exigen una investigación sobre las licitaciones del edificio principal, con un importe de licitación superior a los 217 millones de euros y pendiente de adjudicación, así como de los contenedores de doble uso, que, ha recordado Andrés, llevó aparejada la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad, Maribel Rivera, pese a lo cual, Enresa “siguió adelante y en mayo se le adjudicó a ENSA”.
“No tiene ninguna justificación más allá del uso de un dinero para comprar voluntades”
“Es importante el dinero que está en juego”, ha manifestado, cifrando en alrededor de 417 millones de euros “entre lo licitado y lo conveniado” y que, entiende, “no tiene ninguna justificación más allá del uso de un dinero tanto para comprar voluntades como para intentar sacar adelante el proyecto”, que, desde el punto de vista técnico, “ya sabemos que no es viable”. Tras dejar claro que “no toda Enresa es responsable” y que no meten “en el mismo saco al conjunto”, Andrés ha denunciado que Enresa ha licitado, directamente o a través de convenios, más de 334 millones en un “ATC paralizado”.
Entre las últimas adjudicaciones ha citado, con fecha 23 de septiembre, la redacción del proyecto constructivo del ATC, adjudicación criticada por el Colegio Oficial de Geólogos. A ella se une, con fecha 5 de noviembre, la del servicio de ingeniería de apoyo al licenciamiento para el almacén de espera de contenedores y el módulo de residuos especiales del ATC, cuyo presupuesto asciende a 2,2 millones de euros, así como la ejecución del acondicionamiento de dos caminos y de redes de abastecimiento y servicios, adjudicación fechada el 27 de noviembre por un importe de 2,2 millones de euros, o la consultoría de detalles para cubrir las necesidades de las infraestructuras tecnológicas corporativas del proyecto, por valor de 28.480 euros y adjudicada el 10 diciembre.
La portavoz critica, asimismo, que no se ha desarrollado el “verdadero trabajo técnico relacionado con el cementerio nuclear”, proyecto en torno al cual espera que se esclarezcan una serie de “irregularidades” que comenzaron, ha espetado, en junio de 2012 cuando Cospedal “colocó”, a su juicio, a un “hombre de su confianza” al frente de Enresa. A partir de ahí, ha afirmado, se adjudicaron “cuatro obras por valor de 34 millones de euros” a la empresa Iberinco, de la que forma parte Ignacio López del Hierro. El escrito aporta detalle de cada una de las obras licitadas, su cuantía y la empresa adjudicataria.
