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Podemos destaca la necesidad de una renta básica para “asegurar” la dignidad

13,6 millones de españoles están en riesgo de pobreza, 3,2 en un nivel severo

Francisca Bravo Miranda

“Si me dan 600 euros, puedo no aceptar un trabajo, en el que probablemente me exploten y me paguen sólo cien euros más”, es la premisa que plantea el diputado regional de Podemos José García Molina para el debate de la renta garantizada que ha tratado en Rueda de Prensa Ciudadana con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, pero que también ha llevado como propuesta a las Cortes de Castilla-La Mancha. En este sentido, el parlamentario ha señalado que se debe tomar en cuenta que son facetas muy “diversas” las que se pueden encontrar a la hora de tratar este debate. 

García Molina ha explicado el cambio que ha sufrido la sociedad salarial en los últimos años, afirmando que el lugar que ocupaba el trabajo en sus inicios, principalmente como creador y distribuidor de riqueza, ya no es el que ocupa ahora, debido a la precarización cada vez más acusada de los empleos y también, como es de esperar, al crecimiento del desempleo. “La idea del pleno empleo es muy cuestionable”, afirmaba Molina, quien ha calificado al trabajo como una de las maneras en que se distribuye el “orden social”. “Desde Podemos defendemos el derecho al trabajo, pero digno y de calidad, para que las sociedades se desarrollen en aras al bien común”, aseguró el parlamentario. 

Es por esto que el grupo parlamentario defiende la idea de una renta mínima, que ayude a asegurar condiciones de vida dignas y que luche también contra la situación en la que no queda más remedio que trabajar en un puesto de empleo muy precario. “Hay que llegar a desconectar los ingresos de las personas del empleo, para que no sea la única fuente posible”, señala, a la par que afirma que se deben tomar en cuenta las políticas fiscales y las contribuciones, pero nunca dejando de lado las condiciones de vida dignas de las personas. 

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza coinciden en la necesidad de ofrecer una renta mínima, pero señalan que lo primero que se debe hacer es revistar el sistema de ingresos mínimos que ya existen, con el objetivo de hacerlos “más eficientes” de cara a atender las necesidades de las personas. “Debería existir un nivel de homologación a nivel estatal, independiente del lugar físico donde residan. Se trata de un derecho ciudadano y para ello es necesario un esfuerzo presupuestario”, afirmó Jesús Rodríguez. 

Rodríguez recalcó, también, que es “fundamental” una coordinación adecuada entre los distintos niveles de las Administraciones, entre la autonómica, central y local, de modo que se llegue a un nivel mayor de eficiencia a la hora de acceder a las gestiones. “Así se puede acceder de una forma rápida y sencilla a las prestaciones”. Por otro lado, EAPN Castilla-La Mancha afirma que se debe buscar y potenciar las posibilidades de las personas para que entren al mercado laboral, ya que recibir una renta no puede ir en contra de una búsqueda activa de empleo.

Raúl del Viso, también de la Red, señaló que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los beneficiarios es a las grandes desigualdades que existen entre las distintas Comunidades Autónomas. En este sentido puso como ejemplo que, mientras en Castilla-La Mancha el importe mínimo no supera los 400 euros, llegando sólo a los 372, en Aragón, con una situación de población similar, se sube a los 441 euros mientras que en el País Vasco ya supera los 600 euros. “Estas diferencias son las que queremos atajar al plantear una renta en todo el Estado”. En la región hay unas 780.000 mil personas que viven ya sin prestaciones o con un empleo precario, por lo que sus ingresos están por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza. 

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