Podemos quiere “responsabilidades” por la consejera socialista que votó a favor del ATC
Dos consejeras nombradas a propuesta del PSOE se sientan en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Una de ellas es Cristina Narbona, ex ministra socialista, la única que ha votado en contra de la autorización previa para construir el cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas. La otra es Rosario Velasco, vicepresidenta del órgano regulador atómico, quien votó a favor junto con otros tres consejeros. El respaldo de esta consejera al almacén nuclear ha levantado la polémica entre los propios socialistas castellano-manchegos, que dicen “no entender” el voto de la consejera, y también en Podemos, que pide “responsabilidades políticas” a este partido a nivel regional y nacional.
El diputado de la formación morada David Llorente considera “inaceptable” que una representante nombrada a propuesta de los socialistas haya emitido un voto favorable cuando “todos los informes técnicos señalan que no son los terrenos adecuados” y, sobre todo, cuando existe un “compromiso” adquirido por el PSOE de rechazo a la construcción del silo nuclear.
Por eso ha pedido que tanto el secretario federal socialista, Pedro Sánchez, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page digan “lo que piensan” del voto de Velasco. “También deben explicar quién la propuso como consejera, qué preparación tiene y qué criterios se han seguido”. No considera suficiente el rechazo mostrado por la portavoz del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández, al voto de la consejera del CSN. “Solo con el rechazo no se consigue nada; la autorización previa ya se ha concedido”, apunta. “Hay que depurar responsabilidades, calificar los criterios por los que ha votado, y que alguien responda por ese nombramiento; y el PSOE regional debe sumarse a esta petición de responsabilidad, porque el rechazo al ATC lo llevan en su programa”.
Por último, sobre la medida anunciada por la Junta para ampliar la zona de Red Natura próxima a los terrenos del cementerio nuclear, Llorente considera que “todo lo que sirva para dificultar el proyecto está bien” pero “no es el fondo del asunto”. Según insiste, hay que determinar esas responsabilidades políticas y “revertir” la decisión de su construcción en la medida que sea posible. Advierte de que, con la autorización concedida, las empresas pueden seguir adelante y reclamar indemnizaciones si el proyecto no se realiza, lo que permitiría que “grandes constructoras hagan negocio a costa de todos y con un proyecto que no es una prioridad económica para la sociedad”.
