Prostitución: un debate regional y un reto para el nuevo Gobierno

La prostitución será uno de los asuntos que deberá abordar el nuevo Gobierno de España. La cuarta ola feminista ha colocado el debate sobre su abolición o legalización encima de la mesa, tal y como recogió la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con la celebración de un encuentro con expertas de ambas alternativas.

Según Elena Martínez, organizadora del debate y profesora en la Facultad de Comunicación de la UCLM, su objetivo era “conocer la forma que va adquiriendo este tema en el espacio público”. Castilla-La Mancha es la región española con mayor número de prostíbulos y locales de alterne.

“Dimos voz a ambas posturas en un debate que se encuadra dentro de la iniciativa ‘Universidad sin censura’ formada por veinte universidades españolas que abordan otras posturas que no defienden sólo la abolición de la prostitución, sino que visibilizan el nuevo concepto de trabajadora sexual”, explica Martínez.

El debate celebrado en la Facultad de Comunicación de la UCLM “giró en torno a los argumentos de dos personas con orientación abolicionista y dos personas proderechos”.

“Al principio creíamos que toda mujer que se prostituía era por su propia voluntad… ahora sabemos que ninguna lo hace libremente”

La UCLM dio voz a las posturas del Front Abolicionista del País Valencia y a la Asociación Solidaria Frasco de Alabastro (ASFA) quienes defienden la aplicación del modelo nórdico en el que la legislación multa a los clientes quienes, al igual que los proxenetas, son considerados “maltratadores. El abolicionismo entiende que la prostitución es una forma extrema de violencia de género”.

Tras seis años trabajando en el ámbito de la prostitución, ASFA lo tiene claro: “defendemos el abolicionismo pero sin prohibicionismo.” Para ello, desde la asociación, consideran que el Estado debería defender a la mayoría de las mujeres y “la mayoría están desprotegidas”.

Desde ASFA aseguran que su postura sobre prostitución nace de su propia experiencia. “Empezamos con el concepto de que toda mujer que se prostituía era por su propia voluntad y a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que ninguna lo hace libremente”.

Por su parte, el Front Abolicionista mantiene que Suecia es un caso ejemplar puesto que la abolición de la prostitución ha otorgado derechos y libertades a las mujeres “que quedan ejerciendo la prostitución” ya que “pueden denunciar al putero y al proxeneta y la policía los tiene que perseguir a ellos.”

Tanto el Front como ASFA, coinciden en afirmar que las consecuencias de la regularización de la prostitución serían negativas. “La demanda es bestial y la regularización no ofrece garantías. En Alemania las mujeres prostituidas son víctimas de trata con cartilla y aquí sin cartilla. Los chulos allí son empresarios del sexo y aquí son delincuentes”, afirman en ASFA.

Por su parte, fuentes del Front recuerdan que la Coalición Internacional Contra la Trata alerta sobre el aumento de este fenómeno en aquellos países que han legitimado la prostitución.

En el caso de Holanda, el proxeneta pasa a llamarse “operador” y tiene el derecho a decidir dónde y cuándo trabajará la prostituta, cuánto se pagará por el “servicio” y cuánto de ese dinero irá a la “trabajadora”. Según la ley neozelandesa, las únicas obligaciones del proxeneta son proporcionar condones, poner un cartelito con recomendaciones de salud y que las mujeres prostituidas no sean extranjeras ni menores de edad.

El movimiento abolicionista reconoce la fortaleza del “lobby de la prostitución” formado por “puteros, mafias, proxenetas y fondos de inversión”. Sin embargo, confía en el compromiso del Gobierno de España ya que “la prostitución es una violación de derechos humanos y llamarla trabajo sexual invisibiliza la violencia y sus perpetradores, además de ser una burla al sufrimiento de las mujeres y niñas prostituidas”. 

Entre las medidas para penalizar y abolir la prostitución, el Front recuerda que “el 80% de los hombres españoles dejaría de pagar prostitución si esto les dejara antecedentes penales” por lo que consideran primordial la aprobación de “leyes que sancionen”. Según Naciones Unidas, el 38% de los hombres españoles son “puteros”  convirtiendo a nuestro país en el que más “sexo de pago consume” en Europa y el tercero en todo el mundo.

Las leyes contra clientes y proxenetas se consolidarían con formación con perspectiva de género para el personal público y educación afectivo-sexual igualitaria y preventiva.

Frente a la abolición: ¿legalizar o regular?

Tal y como afirma Elena Martínez, la legalización de la prostitución supone “reconocer los derechos laborales a las mujeres que ejercen la prostitución, para que se les considere sujetos de derecho”.

Defendiendo esta postura intervino en el debate Miguel Ángel Del Amo, director de la Asociación In Género. “No es proderechos pero huye de las dinámicas de trabajo abolicionista”, explica Martínez quien asegura que “hay prostitutas que se autoreconocen como putas feministas”.

La regularización conllevaría la aprobación de políticas “de higienismo o control de ETS pero sin atender las demandas de las trabajadoras sexuales, ya que se centra en los intereses del Estado, los clientes y los empresarios de alterne”.

“Hay personas que consideran que la prostitución no debe tratarse en la Universidad Pública”

“Llevo cuatro años trabajando sobre prostitución y creo que no hay otro tema que polarize tanto las opiniones ni que conlleve tantas críticas”, reconoce Elena Martínez quien afirma que en Castilla-La Mancha predomina el discurso abolicionista mientras que en el conjunto del país se baraja este modelo junto a prohibición y legalización.

Desde colectivos como el Front, señalan que es clave la “voluntad política” para aprobar la abolición de la prostitución, una línea que Martínez considera posible ya que el “Estado español es abolicionista aunque actualmente no esté prohibido el ejercicio de la prostitución”.

En Castilla-La Mancha la legislación, basada en la Ley de Violencia de Género, es igualmente abolicionista, según Martínez, por lo que no se distingue entre trata y prostitución. “Hay personas que consideran que este tema no debe tratarse en la Universidad Pública y nosotros entendemos que es la institución perfecta para discutir cualquier tipo de conocimiento”.