“Reservado el derecho de admisión”, proyecto para que la ciudadanía conozca la reforma electoral
Junto a las Cortes Regionales y con llamativos carteles, Daniel Martínez, coordinador regional de la iniciativa política, comunicó el inicio de la campaña “Reservado el derecho de admisión”, que se constituye como una plataforma informativa que pretende llevar a los ciudadanos castellanomanchegos las intenciones detrás de la reforma electoral del Partido Popular, que pretende reducir los diputados de las Cortes regionales en 16 escaños. Izquierda Unida ha llamado la atención ante la rapidez con la que el PP quiere llevar a cabo la reforma, ya que soslayan cualquier tipo de debate parlamentario u opiniones de terceros.
La importancia de esta campaña ha sido destacada también ya que da oportunidad a los castellanomanchegos a expresar si quieren realmente más o menos representantes. Izquierda Unida ha afirmado que están seguros que el verdadero deseo de la ciudadanía es tener menos representantes corruptos. Además, la iniciativa ha hecho un llamado a otras fuerzas políticas para presentar un recurso al Tribunal Constitucional, mientras se plantean llevar la medida ante el Defensor del Pueblo y ante las instituciones europeas.
Martínez ha hecho hincapié en la falta de consenso que ha caracterizado la llamada reforma de Cospedal, ya que la “hace sin contar con nadie”, que supone además un límite para las voces de los ciudadanos que no conseguirán tener una voz en las cortes autonómicas, una vez se apruebe la reforma. Además, el coordinador regional ha puesto en duda que esta medida se haya impulsado por las medidas de ahorro, además de señalar que justificar así la reforma es implicar que “la democracia sale cara” y que para Cospedal es mejor reducir las instituciones encargadas de representar la soberanía popular, tildando la argumentación de “con carácter casi totalitario”.
Para ayudar al Gobierno regional a ahorrar, Martínez ha señalado por ejemplo que se puede buscar en los políticos “asesores” o “elegidos a dedos”, cuyo gasto ha sido tasado en alrededor de 60 millones de euros, mientras que la reducción de diputados en las costes sólo significaría ocho millones menos de euros. “Ya no nos sorprende ninguna acción del gobierno del Partido Popular, porque tenemos claro cuál es el objetivo final: reducir la democracia en Castilla-La Mancha”, asegura Martínez.
