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Ruz apunta hacia Cospedal

El juez Pablo Ruz debe decidir si amplía a los aforados (María Dolores de Cospedal y Vicente Tirado) la causa por la mordida de los 200.000 euros cobrados supuestamente por el PP regional.

Mientras tanto el futuro profesional de Pablo Ruz está en el aire bajo decisión de los vocales del Consejo con relaciones con los mismos imputados en el caso.

El abogado del imputado gerente del PP regional será uno de los que decidan si Pablo Ruz puede seguir en el caso.

Ruz rechaza de nuevo excarcelar a Bárcenas porque el riesgo de fuga es aún mayor

El magistrado Pablo Ruz / Foto: EFE

Ruz apunta hacia Cospedal, y a su vez el Partido Popular apunta hacia Pablo Ruz. El magistrado se encuentra con la 'espada de Damocles' sobre su cabeza sostenida además por unos vocales con clara tendencia y relaciones con el Partido Popular.

El trabajo del magistrado en el caso de la supuesta 'mordida' de 200.000 euros se basa ahora en la decisión de ampliar el caso a nuevos imputados (ya ha preguntado por el régimen de aforados y por los estamentos internos del Partido Popular en Castilla-La Mancha, con clara referencia en los autos del caso a María Dolores de Cospedal y al presidente de las Cortes, Vicente Tirado). Si quiere hacerlo no le quedan muchos días para ello porque su trabajo en la Audiencia Nacional acaba en breve (está como interino en el tribunal, ocupando la plaza del juez Garzón y del juez Carmona) y está pendiente de renovación si permanece o no en la Audiencia. De no hacerlo, tendría que dejar el caso y sería reenviado a los juzgados municipales de Móstoles, donde tiene la plaza fija el juez.

Quienes deciden si se amplía el periodo de trabajo de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional otros 6 meses o si por el contrario acaba su trabajo allí son los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano está controlado ampliamente por conservadores, algunos de ellos con relación directa con el propio PP de la región. Uno de los vocales será Gerardo Martínez Tristán, el marido de la consejera de Fomento de la región, Marta García de la Calzada. Esta consejera es amiga de la infancia de María Dolores de Cospedal y su marido será uno de los encargados de decidir el futuro del juez que "acecha" a la jefa de su mujer, quien la ha colocado en el cargo. Desde niñas García de la Calzada y Cospedal estudiaron en la misma clase de las dominicas en Albacete.

Esta semana se ha conocido la dimisión de una de esas vocales del CGPJ que fue sorprendida en la aduana de Andorra intentando pasar al país 9.500 euros en metálico de procedencia desconocida, Mercè Pigem. Como contamos en este medio, Pigem y su hermana fueron sorprendidas intentando pasar 20.000 euros en metálico entre ambas a España desde Andorra.

Su sustituto como vocal en el CGPJ será Antonio Álvarez-Buylla, el abogado del gerente del PP regional José Ángel Cañas e imputado en el caso. Así, el abogado de uno de los imputados por el propio juez decidirá sobre su futuro en el caso, y son dos los vocales que tienen relación directa en el caso con el PP regional.

No es el único alto cargo relacionado en la trama ya que, como informamos, la Jefa de la Abogacía del Estado, Marta Silva, era un alto cargo de la empresa que pagó esos 200.000 euros que supuestamente fueron al PP regional, siendo además la sobrina del tesorero del PP Álvaro Lapuerta.

Pablo Ruz ha acelerado las pesquisas legales sobre el caso en los últimos días. Ya preguntó hasta diez veces por la propia Cospedal al imputado alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y al diputado nacional del PP Sebastián González (como testigo), que a su vez negaron toda participación de Cospedal en el caso. Sin embargo la propia Cospedal se ha permitido opinar sobre el auto judicial del magistrado, del que ha dicho que está "cogido por los pelos" y que "no es de recibo", adelantando además que su partido no acataría ninguna responsabilidad hasta una sentencia judicial (de hecho José Ángel Cañas sigue en su puesto de gerente del PP en la región).

Fue de hecho una pieza de la investigación de los papeles de Bárcenas hecha por Pablo Ruz la que llevó a la ex-ministra de Sanidad Ana Mato a dimitir. En esa misma pieza habla de que el Partido Popular fue "partícipe a título lucrativo" en el caso. Cospedal por su parte niega todo el caso señalando que "Bárcenas es un mentiroso compulsivo además de un corrupto", a pesar de que las pruebas dadas al juez por el que fuera tesorero del partido y que compartiera despachos pared con pared con Cospedal en la sede de Génova han demostrado ser ciertas completamente hasta el momento. De hecho una de las pruebas es el recibí del ex-tesorero regional Cañas de ese dinero que se investiga, a quien se le realizó una prueba pericial caligráfica para comprobar si era su letra la de ese documento aportado por Bárcenas, determinando la justicia que sí era su letra y firma.

El PP ya adelanta que es probable que Ruz no siga al frente del caso. "No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel", ha indicado hace días el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Cospedal también ha dicho al respecto que el juez debe ser "el que corresponda legalmente". Rajoy apuesta por la independencia del poder judicial con el político afirmando que "no corresponde al Gobierno, sino al órgano de gobierno de los jueces, tomar decisiones sobre ese asunto y, por tanto, yo no tengo nada que decir, sea cual sea la decisión que se tome, precisamente por respeto a la independencia de ese órgano de gobierno de los jueces". Una independencia que es difícil de creer cuando uno de los vocales es el abogado de uno de los encausados.

A Ruz le quedan escasos días en la Audiencia Nacional pendiente de que le renueven 6 meses más la plaza o en cambio si se la deniegan y sale a concurso público. En ese caso la instrucción del caso se pararía hasta que un nuevo magistrado ocupase el puesto y Ruz volvería a unos juzgados municipales. Las investigaciones se frenarían varios meses y el PP habría conseguido deshacerse del juez "molesto" que en esta legislatura investiga la supuesta financiación ilegal del partido a nivel nacional y en Castilla-La Mancha.

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