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El CSN alerta de posible impacto radiológico en la minería de tierras raras de Ciudad Real

Campo de Montiel (Ciudad Real)

Alicia Avilés Pozo

Cuando a finales de 2015 se registraron los tres primeros proyectos de explotación para la extracción de tierras raras por parte de Quantum Minería en el Campo de Montiel, no se barajó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni a otros organismos ni organizaciones, como parte a consultar para determinar los riesgos de la iniciativa, consistente en la obtención de monacita para la fabricación de nuevas tecnologías, entre otros usos. Fue a raíz de las múltiples alegaciones presentadas al documento inicial cuando la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Ciudad Real solicitó el pasado mes de marzo a este organismo que se pronunciara sobre el alcance del impacto.

La respuesta del regulador atómico la obtuvo el Gobierno de Castilla-La Mancha un mes después. En abril, el CSN se pronunció sobre los proyectos ‘Rematamulas I’, ‘Rematamulas II’ y ‘Matamulas’, con expediente ya iniciado, alertando de que las actividades previstas “son susceptibles de generar un impacto radiológico para los trabajadores, el público y el medio ambiente”.

Según el documento, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, Seguridad Nuclear señala que el titular de la actividad tiene la obligación de declarar esta ante el órgano de competencia en materia de Industria de la comunidad autónoma y de llevar a cabo “un estudio de riesgo radiológico para los trabajadores y para la población del entorno”.

Se trata de una traba más para el polémico proyecto minero que Quantum quiere llevar a cabo en el área comarcal de una docena de municipios de la provincia de Ciudad Real y contra el que viene luchando la Plataforma Sí a la Tierra Viva desde que se publicaron los primeros expedientes de explotación. El informe del CSN se une al emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) señalando que no existe agua suficiente para llevar a cabo el proyecto.

Desde la plataforma ciudadana recuerdan que fueron las alegaciones presentadas en enero las que ya alertaban de la posible afección al embalse de La Cabezuela por partículas radiactivas que podían derivarse de la extracción de monacita. Afirman que fue el motivo por el que la Dirección provincial de Medio Ambiente realizó la consulta al CSN y que con ello se agrava aún más un proyecto sobre el que la empresa aún debe presentar estudio de impacto ambiental. “Es una llamada más de atención, que se suma a la carencia de agua, a la afección al medio ambiente y a especies protegidas, a la agricultura y a nuestro modo de vida”, destacan.

“Ocurriría a largo plazo. La mejor manera de evitarlo es ahora”, afirma Luis Manuel Ginés, uno de los portavoces de la plataforma. Apunta así que este proyecto no es “realmente una gravera” como, según afirma, les dijo la empresa y el director general de Minas, José Luis Cabezas, en la reunión de principios de año en Castellar de Santiago. “Ahora, el riesgo radiológico es otro más que debemos asumir”, precisa. Según detalla, ese análisis se basa en dos muestras enviadas a un laboratorio y ahora la empresa minera debe tenerlo en cuenta para su estudio de impacto ambiental “de una manera más rigurosa” y la Junta debe considerar si la información que aporte la compañía al respecto “es creíble o no”.

“Está en manos de los vecinos buscar expertos que elaboren informes, volver a presentar alegaciones”, añade. Se refiere con ello a las nuevas que quieren aportar, con opiniones de geólogos y físicos nucleares, al estudio de impacto ambiental que debe presentar la empresa. Contarán con 30 días desde que la Junta lo someta a información pública y se sumarán a las cerca de 8.000 alegaciones que ya se han registrado en la fase inicial del proyecto. El objetivo final es que la iniciativa “se pare” antes incluso de que la Consejería de Medio Ambiente apruebe la Declaración de Impacto Ambiental.

Reservas de la Junta y mandato de las Cortes regionales

Aunque tanto desde el Gobierno regional como desde el PSOE ya han mostrado sus reservas con este proyecto, y en algunas instancias se da por segura que la declaración de impacto ambiental va a ser negativa, los temores de la Plataforma Sí a la Tierra Viva se mantienen. Consideran que aunque se tumbe este primer estudio, “la monacita va a seguir estando ahí” y alertan de otros proyectos mineros que quieran hacerse en la zona.

Ante todo, recuerdan que hay un mandato de las Cortes regionales pidiendo el archivo de la causa al que no se ha dado cumplimiento e insisten en que el procedimiento se hizo mal “desde el principio”, admitiendo a trámite un proyecto al que faltaban requisitos fundamentales como la previsibilidad del agua y dando “facilidades” a la empresa como un derecho minero de investigación con el que ha llegado a procesar monacita, sin tener permiso. La Plataforma afirma que solo por esto último, la Dirección General de Minas ya tendría que abrirle expediente sancionador.

“Ahora estamos donde estamos, la tramitación ambiental ya ha comenzado y la propia Junta se está escudando en que no puede cumplir el mandato de las Cortes porque el trámite ya se ha iniciado”. Por eso se preguntan: “¿para qué permitir que se incurra en más gastos si al final se va a tumbar? ¿por qué con el fracking lo han tenido tan claro y se ha hecho una ley para impedirlo, y en el caso de las tierras raras ni siquiera se aplica el mandato del Parlamento?”

Ya no se trata tan solo de todo el posible daño ambiental. Este colectivo ciudadano también está preocupado por el hecho de que el nombre del Campo de Montiel esté “en la palestra” y su imagen pública comience a estar asociada a este tipo de minería extractiva, con la consecuente afección a sus productos agroalimentarios y a las denominaciones de origen de la zona. Por eso, la Plataforma está preparando unas Jornadas en Villamanrique, uno de los pueblos con menor renta de toda Castilla-La mancha. El objetivo es realizar desde allí una propuesta socio-económica para la comarca, respaldando proyectos que fijen población y empleo en la zona. “Que nos miren por eso, por nuestros recursos agrarios y naturales, y no por algo que va a ser la puntilla para la comarca”, concluyen.

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