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Sonsoles Arnao resalta el compromiso de IU en contra de la ‘burorrepresión’

Sonsoles Arnao en Toledo

Francisca Bravo Miranda

Juan Antonio Valverde, de Izquierda Unida de Talavera y dirigente del Sindicato de Estudiantes en la ciudad ha asistido hoy a su juicio por una multa expedida por la Subdelegación de Gobierno en Talavera. La multa se debe a una concentración “espontánea” de un grupo de madres y padres del AMPA de un colegio de la ciudad toledana en contra de los recortes en las becas de comedor.

Sonsoles Arnao, candidata a las primarias regionales de Izquierda Unida, ha señalado que la concentración fue totalmente pacífica y que incluso el alcalde de la localidad pidió que un grupo de padres lo acompañara con la protesta. Meses más tarde, llegaron las multas. Todos los recursos de alzada presentados por los afectados fueron estimados, con excepción de Valverde. El dirigente del Sindicato de Estudiantes ha tenido que llegar a juicio para recurrir la multa.

“Estas multas son motivadas por el Gobierno del Partido Popular, que ha respondido a la ciudadanía que ha protestado por los recortes a base de procedimientos sancionadores”, ha asegurado Sonsoles Arnao, quien ha repetido su compromiso y el de Izquierda Unida en contra de la llamada ‘burorrepresion’. Arnao ha señalado que confían en que se decida a favor de los derechos constitucionales de reunión y expresión, por encima de la ley “que regula cómo ejercer ese derecho”. “Así lo entendemos, sobre todo cuando el derecho se ha ejercido sin vulnerar el derecho de otros”, asegura la candidata.

Tal como señala Arnao, en la región hay una cantidad importante de multas por participar en manifestaciones, que Comisiones Obreras cifra en 80 sólo en Toledo, por lo que asegura que el compromiso de Izquierda Unida en la actual campaña electoral es trabajar por archivar procedimientos sancionadores “con una inclinación política”. Las multas eran de 600 euros, reducidas a 300, pero no es la cuestión económica la que preocupa a Arnao. “Lo importante es que se vulneran derechos fundamentales y que no se puede reprimir ni criminalizar la protesta social”, concluye.

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