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La Subdelegación multa con 400 euros a dos integrantes de la PAH por grabar a la Policía

Se argumenta que las grabaciones habrían "alterado el orden público", en el momento de identificar a un integrante de la asociación ADICAE, mientras recogía firmas en 2012.

Los sancionados plantearán el recurso contencioso-administrativo contra las multas, además de buscar métodos para hacer frente a su pago. 

Protesta donde fueron multados los miembros de la Plataforma

Protesta donde fueron multados los miembros de la Plataforma

La Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real ha confirmado una sanción económica de 400 euros para cada uno de los dos integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acusados de “alterar el orden público” por grabar a dos agentes de la Policía Nacional cuando estaban identificado a un integrante de Adicae que recogía firmas contra las preferentes. Los hechos ocurrieron en la plaza Mayor de Ciudad Real el pasado 17 de noviembre de 2012 y la confirmación de la sanción implica que ambos integrantes de la plataforma deberán hacer frente al abono de esta multa, tras agotar los recursos de la vía administrativa, y sólo les deja abierta la puerta de acudir a la justicia mediante un contencioso-administrativo, para impedir que la sanción llegue a término.

Las multas por grabar a la Policía en el cumplimiento de sus funciones suponen un conflicto entre dos normas estatales y dos derechos el de la policía a la intimidad personal y la propia imagen y el de la información. De hecho en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se específica en el artículo 8.2 a)  al indicar que está permitida “la captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público”, tal es el caso de esta grabación (este es el enlace). A pesar de lo expuesto la ley aplicada en la sanción, la 1/1992, explicala posibilidad de intervenir las comunicaciones en caso de que exista peligro contra la seguridad ciudadana, que es lo alegado desde la Subdelegación del Gobierno para imponer estas sanciones.

Los dos integrantes con los que se ha puesto en contacto este medio, han indicado que las sanciones son una “una muestra más de la campaña represiva que se manifiesta en la reforma del Código Penal”. Hay que recordar que en los borradores conocidos en la norma se prohíbe expresamente este tipo de grabaciones a agentes de la Policía.

“Tiene miedo.porque se sale a la calle y reprenden derechos”, han indicado recordando que la protesta de noviembre de 2012 era una convocatoria informada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, recientemente creada en Ciudad Real en aquellas fechas, y que se hizo de forma conjunta con Adicae, que se desplegó por la plaza Mayor para recoger firmas. “El día anterior los banqueros habían matado a otra persona y pedíamos el fin de los desahucios”, indica uno de los sancionados, explicando que estaban haciendo una emisión en directo (en streaming vía Bambuser) y que se acercaron con el móvil cuando la Policía iba a identificar a uno de los integrantes de  Adicae que recogía firmas para comentarle ese extremo, que se trataba de una protesta informada a Subdelegación.

De los hechos junto al vehículo policial vienen las sanciones recogidas, por la discusión mantenida con la Policía Nacional antes de ser identificados los dos sancionados en cuanto a la posibilidad o no de grabar los hechos. Así, en los expedientes remitidos se indica que la causa de las multas es por provocar reacciones que “alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”, dentro del artículo 23 h) de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana en el que se indica como sancionable la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”.

“No molestarnos en el desarrollo de sus labores, ni les pusimos en peligro”, aclaran, mientras indican que fue una discusión por si podían grabar o no y que no se negaron a identificarse como se indica en el vídeo que aún se puede ver en la plataforma Bambuser.

La identificación según indicaron fuentes de Subdelegación, en el momento de la apertura de estos expedientes, hace más de un año, fue una denuncia realizada por vecinos sobre un timo que estarían cometiendo unas personas de etnia gitana en la plaza Mayor, motivo por el que se identificó a esta persona de la asociación Adicae. Este integrante de Adicae, es de origen venezolano y de tez morena.

Las dos personas sancionadas avanzan que buscarán métodos para abonar estas multas y que plantearán el recurso contencioso-administrativo recordando esa salvedad legal que la propia Ley 1/82 incluye en cuanto a la grabación de funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.

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