Temen que la nueva ley de caza se haga a la medida de los empresarios cinegéticos y en contra de la conservación
La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado que se propone tramitar una nueva Ley de Caza, lo cual genera “honda preocupación” en organizaciones ciudadanas como Ecologistas en Acción porque, aunque todavía no se conocen los detalles del proyecto, de las manifestaciones de los responsables políticos de la Junta, como la Consejera de Agricultura y el portavoz del Gobierno, se desprende que se quiere potenciar la rentabilidad económica de la caza y fomentar el turismo cinegético, sin reparar en los impactos que ello pueda tener en el medio natural, las especies y en el resto de usuarios del monte.
De hecho los ecologistas denuncian que los impactos que genera la caza se están agudizando debido a la desregulación y a la trabas a la vigilancia ambiental y a las sanciones que guían la política de la Consejería de Agricultura al respecto.
Tampoco otros problemas parecen preocupar a los responsables políticos que impulsan la nueva normativa, como la proliferación de vallados, los cotos intensivos, la utilización masiva de trampas, legales e ilegales, para matar predadores, las prácticas abusivas y maltratadoras de animales, como el lanceo de jabalí o las tiradas de palomas y faisanes, el incremento de infraestructuras en el monte y la caza en épocas y zonas sensibles.
El sector cinegético castellano-manchego, liderado por Aproca, Atica y la Federación regional, intenta que se priorice la caza sobre el resto de usos del monte, condicionando por ejemplo el acceso por vías públicas o solicitando que se cace más en espacios protegidos, y parece que la reforma de la ley va en esa dirección, supeditando al ejercicio de la caza el resto de usos del monte.
De lo que se sabe hasta ahora de la nueva ley preocupa especialmente a los ecologistas que se dote de mayor libertad a los gestores cinegéticos y se eliminen requisitos administrativos para el ejercicio de la caza. Asimismo, sería dañino para el medio natural que se faciliten con ayudas para nuevas infraestructuras cinegéticas o que reduzca el tamaño mínimo de los cotos de caza mayor, que pasaría a ser de sólo 250 hectáreas, espacio sin duda insuficiente para albergar especies como el ciervo y el jabalí.
Ecologistas en Acción recuerda que las especies silvestres sobre las que se realiza la actividad cinegética son lo que en derecho se conoce como “res nulius”, es decir, no son propiedad de nadie, pero están protegidas, sean cazables o no, por la legislación. La caza, además, se desarrolla en espacios unas veces protegidos y otras regulados para que no se dañe el medio ambiente y no afecte a otros usos públicos reconocidos constitucionalmente como el derecho a disfrutar del medio ambiente. Por ello, y por el impacto que genera la caza, es necesaria una ley que la regule adecuadamente y favorezca una gestión sostenible, y eso no lo va hacer, vistas las intenciones manifestadas, la que promueve el Gobierno regional.
