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Trabajadores de la factoría de Illescas arropan a "los 8 de Airbús"

En la huelga general de septiembre de 2010, ocho trabajadores de Airbus fueron acusados por la fiscalía por colaborar en la huelga y se les pide ocho años de prisión. 

Se basa en un artículo del Código Penal que llevaba sin aplicarse desde el franquismo.

Concentración en Airbús Illescas (Toledo)

Concentración en Airbús Illescas (Toledo)

En las factorías de la empresa aerodinámica Airbús en toda España se han celebrado movilizaciones durante el día como recuerdo y apoyo a 'los 8 de Airbús', los 8 trabajadores que ejerciendo su derecho a huelga dentro de la huelga general del 29 de septiembre de 2010 son acusados por la fiscalía de delitos para los que pide pena de cárcel para cada uno de los 8 trabajadores. 

La práctica totalidad de los trabajadores del turno de mañana se han movilizado antes de comenzar su función en la fábrica junto a Tomás García Rojas, presidente del comité de empresa de Airbús en la planta de Getafe y uno de los ocho trabajadores con proceso penal pendiente por los incidentes de aquel día. De hecho fue en la planta getafense donde los disturbios se desataron, con trabajadores heridos por la actuación policial que incluyó la utilización de armas de fuego real con siete disparos. 

Concretamente en la planta de Illescas (Toledo) han sido 700 trabajadores, la totalidad del turno de mañana de la fábrica, la que se ha movilizado para pedir la retirada de todos los cargos que se imputan a los ocho trabajadores, que son acusados por el ministerio fiscal (nadie presentó denuncia contra ellos, ni siquiera la policía) por los disturbios de aquel día. La acusación se basa en al artículo 315 del Código Penal, vigente desde el franquismo y que de hecho no se había aplicado desde entonces, desde el 'Proceso 1.001' de 1973 que acabó con toda la cúpula de Comisiones Obreras en prisión al ser un sindicato ilegal en el franquismo (siendo indultados todos los miembros con la caída del franquismo y la llegada de la democracia). 

Fue la primera vez en democracia que se aplicaba dicho artículo pero no la última, ya que desde el caso de Airbús unas 300 personas han sido condenadas y encarceladas por este artículo que establece el orden de la libertad sindical y la libertad de los trabajadores para proceder a la huelga. 

El Gobierno de España ha sido denunciado por este caso ante los organismos de trabajo de la Unión Europea y de la ONU por vulnerar el derecho a huelga por parte de Comisiones Obreras, UGT y la Confederación Sindical Internacional. La vulneración de determinados convenios de la Organización Internacional del Trabajo ha conllevado una campaña de movilización y denuncia con el eslogan "Huelga no es delito" por la que se critica "la actuación penal represora del gobierno ante el ejercicio del derecho constitucional de huelga" y que ha sido avalada por numerosos organismos y entes como por ejemplo el mismo ayuntamiento de Illescas por unanimidad de sus concejales, que piden la retirada de todos los cargos y de los ocho años de pena que se piden para cada uno de los trabajadores, siete de ellos representantes de Comisiones Obreras y el otro de UGT.

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