Un Tribunal de Cuentas propio para una fiscalización “más eficiente” y con mayor detalles

Juan Alfonso Ruiz Molina ha comparecido también en Comisión para explicar sus planes para la próxima legislatura. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado, en primer lugar, que las nuevas tecnologías serán parte de la “materia prima” de toda la acción que lleve a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha. De este modo, se pretende conseguir una administración pública “totalmente digitalizada”, reducir la brecha digital y fomentar un modelo de crecimiento basado en las nuevas tecnologías.

Ruiz Molina ha señalado que su plan para esta nueva legislatura incluye más de 70 medidas y seis nuevos proyectos legislativos. La Consejería de Hacienda y Administraciones coordinará, por un lado, la política presupuestaria, como el “principal instrumento” de política económica, con los objetivos de generar riqueza, incentivando el crecimiento económico y el empleo; distribuir la riqueza generada a través de los servicios públicos y cumplir con la legalidad en materia de sostenibilidad financiera.

Por otra parte, desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se coordinarán los recursos humanos y las nuevas tecnologías, instrumentos indispensables para llevar a cabo de manera innovadora dos de los principales retos que se ha propuesto el Gobierno regional y que son mejorar la calidad, la modernización y la accesibilidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y reforzar el papel de la Administración regional como uno de los grandes motores del crecimiento económico de Castilla-La Mancha.

Financiación autonómica

El consejero ha resaltado también que ya se está “ultimando” el proyecto de Ley de los presupuestos regionales para el próximo año, que se aprobará el próximo día 30 de septiembre, cumpliendo con el plazo que establece el Estatuto de Autonomía. Eso sí, primero se deberá aprobar el límite de gasto no financiero, asunto sobre el que Ruiz Molina ha resaltado que ayer mismo “la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló y puso todos los parabienes a las previsiones económicas que había hecho la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para calcular el techo de gasto”. Además, la AIReF las calificó como “realistas y aseguro que están elaboradas con un criterio de prudencia”.

Pero, además, considera “prioritario y urgente” abordar la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica a nivel nacional, que, en primer lugar, garantice a las Comunidades Autónomas contar con los recursos económicos suficientes para prestar los servicios públicos fundamentales y, en segundo, tenga en cuenta en la cuantificación del gasto el coste real de prestación de los servicios.

Para acordar una posición común sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, Ruiz Molina ha señalado que próximamente se va a constituir el grupo de trabajo formado por todos los grupos parlamentarios. Igualmente, se va a cumplir el “compromiso” del Gobierno con los agentes sociales, garantizando que tras sus ocho años de Gobierno los castellano-manchegos “no verán incrementada su presión fiscal”.

Condiciones laborales de los empleados públicos

El Gobierno de Castilla-La Mancha también va a proponer en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos un nuevo acuerdo de legislatura, dirigido a completar las mejoras de sus condiciones laborales que se inició hace cuatro años. Esto “repercutirá en la calidad de los servicios públicos” que presta la Administración regional y que es el objetivo último que busca el Gobierno regional. Igualmente, ha anunciado que se presentará un nuevo Plan de Impulso a los Servicios Públicos, que “es un elemento de planificación de cómo se considera que van a crecer los recursos humanos la próxima legislatura y que se va a concretar cada año con la aprobación de las ofertas de empleo público”.

Contratación pública “socialmente responsable”

El consejero ha indicado igualmente que se promoverá una contratación pública eficiente y socialmente responsable y se creará el Tribunal Administrativo Regional de Recursos Contractuales. Por otra parte, se seguirá colaborando y apoyando a las entidades locales, como elemento fundamental para mantener la cohesión territorial y social de la región; mientras que en el de protección ciudadana se reforzará la coordinación con las distintas administraciones, en especial, en el área de urgencias y emergencias.

Finalmente, Ruiz Molina ha informado de las seis novedades legislativas que piensa acometer la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en los próximos cuatro años, de las que ha resaltado la nueva Ley del Juego, que se redactará para proteger a los colectivos más vulnerables como menores, fomentar las políticas de juego responsable y endurecer el régimen sancionador y la apertura de nuevos locales.

También ha mencionado la ley para la recuperación de un órgano propio de fiscalización externa, que se suprimió por el anterior Gobierno regional y que ahora se recuperará.

En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que desde el Ejecutivo de García-Page siempre se ha defendido contar con un órgano propio de fiscalización externa porque es más eficiente y aporta mayor detalle que el Tribunal de Cuentas, que tiene a su cargo el control externo de otras muchas administraciones públicas; también porque mejora la transparencia de la gestión del ejecutivo y del resto del sector público regional y, finalmente, porque potencia la inmediatez y el dinamismo en la labor de control externo de las instituciones públicas.