UGT pide a la Junta que “fiscalice” la gestión del agua urbana para evitar despidos

El sindicato UGT ha pedido a la Junta de Castilla-La Mancha que “fiscalice y tutele” la gestión del ciclo integral del agua urbana en la región. Gustavo Bargas, responsable  del sector de Agua del sindicato mantiene que “no podemos permitir que por una decisión política de externalizar o remunicipalizar el servicio termine repercutiendo en los trabajadores”.

Bargas apunta que “hay que mejorar el marco regulador” en lo que se refiere a los derechos laborales de los trabajadores y, además, debatir sobre los modelos de gestión del servicio en los municipios.  Castilla-La Mancha, decía,  es un “importante foco” dentro del sector ya que emplea a más  3.000 personas de forma directa en los servicios relacionados con el agua.

En su opinión “existe un  problema” en Castilla-La Mancha relacionado con el modelo de gestión del agua urbana que en unos casos es de titularidad municipal y en otros el servicio está externalizado. “No estamos mirando por los trabajadores ya que la legislación española no incluye la cláusula de subrogación del personal que en un momento dado se puede ir al paro”.

Precisamente, el secretario regional del sindicato, Carlos Pedrosa y responsables de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT mantenía una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien se ha trasladado las reivindicaciones en este sentido. Lo hacían en un encuentro, del que poco más ha trascendido,  que se celebraba de forma previa a la apertura de las Jornadas sobre “El Agua, motor de empleo y sostenibilidad social” organizadas por el sindicato en Toledo. Son las segundas que UGT celebra en España después de las que ha llevado a cabo en Andalucía.

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, calificaba como “muy pertinentes” las jornadas organizadas por UGT pero ha reconocido que la gestión de este recurso en España es “compleja” y que lo que se refiere a  las competencias se “solapan” una multitud de actores de titularidad pública y privada, ya que intervienen municipios, mancomunidades, la propia Administración regional, empresas o uniones de empresas.

De la Cruz ha afirmado no obstante que “hemos venido a escuchar”, al tiempo que ha apostado por contribuir desde el Gobierno regional a la definición de sistemas que aseguren una buena prestación del servicio de abastecimiento a los ciudadanos. Por otro lado, la apuesta del Gobierno regional por el agua como “generadora de empleo”.

“Oportunidad” para el sector agua en la región

Pedro Hojas, secretario nacional de la Federación de Industria, Construcción y Agro del sindicato UGT explicaba en Toledo calificaba la jornada como “oportunidad” para el centenar de municipios que participan en las jornadas. “Hemos logrado reunir a las asociaciones empresariales, empresas del sector y la vertiente sindical”.

Unas jornadas que el sindicato contempla desde dos puntos de vista. Por un lado, la de los trabajadores implicados en la gestión del ciclo integral del agua urbana. “Queremos conseguir un convenio estatal y homogeneizar las condiciones laborales de todo el sector, garantizando un empleo digno”.  Por otro lado, la gestión del agua que “es un bien público y queremos que lo siga siendo” y por eso reclaman que las Administraciones públicas “mantengan el control en la regulación y que se cumplan los contratos”.

Piden al Gobierno central “coordinación” con las Comunidades Autónomas en el diseño del Plan Nacional de Infraestructuras “también en todo lo que tiene que ver con el agua. Eso generaría empleo en el sector de la construcción”.

El papel de los Ayuntamientos

Juan Ávila, secretario nacional de la FEMP, invitada al acto ha señalado que el objetivo de la federación es que “los municipios, grandes y pequeños tengan la mejor información para poder tomar decisiones y prestar el servicio integral del agua más eficiente a sus ciudadanos”. Algo que, señala, pasa por hacerlo “con el menor coste posible”.

La Federación Española de Municipios, sostiene Ávila, “cree que el servicio integral del agua tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social”. En este último caso, eso significa que “quien no pueda pagar el agua no se le corte. Eso ya es una realidad”.

La sostenibilidad incluye que los trabajadores de los servicios de agua “independientemente de si la gestión es pública, privada o mixta” estén en unas condiciones laborales “justas, que se cumple la legislación laboral”. Juan Ávila recuerda que la legislación laboral no es competencia de los ayuntamientos y que, en este sentido, su  papel se limita a “vigilar para que se cumplan los contratos”.

El caso de Alcázar de San Juan

La localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) es uno de los ejemplos de cambio en el modelo de gestión del agua. Tras la externalización del servicio en la pasada legislatura -y que gestiona la empresa Aqualia- el nuevo Ayuntamiento surgido tras las Elecciones Municipales de 2015 planteaba remunicipalizar la gestión. Un proceso aún sin concluir.

La Plataforma Contra la Privatización del Agua en esta localidad ha acudido a estas jornadas para denunciar la “paralización” de la remunicipalización del servicio. Daniel Escribano, miembro de la plataforma, explicaba “que existe una sentencia firme que anula la externalización pero los movimientos están siendo más lentos de lo que esperábamos”.

“El acceso al agua es un derecho humano que no debe comercializarse”, aseguraba para añadir que “en nuestra localidad se está convirtiendo en un negocio”. En su opinión la gestión del agua debe ser “siempre pública”. Después de tres años de reivindicación, la plataforma se sigue concentrando cada viernes ante el Ayuntamiento local para reclamar la remunicipalización del servicio.