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Vuelve a publicarse la autorización ambiental de la macrogranja porcina que anuló la Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la tumbó por seguir un “procedimiento administrativo ilegal” sin trámite de información pública

La misma autorización ambiental ha sido publicada de nuevo en el Diario Oficial: la Junta señala que se abrió plazo de alegaciones el pasado mes de julio

La Plataforma Pueblos Vivos de Cuenca denuncia que la explotación porcina ha seguido funcionando y que el Seprona le abrió un atestado

Balsa de purines en Huerta de la Obispalía

Balsa de purines en Huerta de la Obispalía Pueblos Vivos Cuenca

La Junta de Castilla-La Mancha ha publicado nuevamente la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina de Huerta de la Obispalía (Cuenca) cuyo titular es la empresa Hermanos Mata de Huerta. El caso de esta macrogranja tuvo gran repercusión por tratarse de la primera sobre la que se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a principios de año, que anuló su permiso por seguir un "procedimiento administrativo ilegal", ya que no dejó un periodo de información pública tras la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental. En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de ayer, 25 de septiembre, vuelve a publicarse esta autorización con fecha de 18 de julio de 2014.

Según la Plataforma Pueblos Vivos de Cuenca, esta explotación ha seguido funcionando tras la sentencia judicial. Explica que el Seprona acudió a la explotación en junio, realizando un atestado en el que confirmaba tal extremo, el cual fue entregado a la Viceconsejería de Medio Ambiente “sin que esta haya actuado hasta la fecha”.

En este sentido, este colectivo denuncia que la Administtración regional, en vez de abrir un expediente sancionador por no cumplir la normativa ambiental, ya que una explotación de este tipo no puede funcionar sin las respectivas autorizaciones ambientales, ha publicado, en fechas posteriores a este atestado, la misma autorización que fue anulada por la Justicia y que además "está caducada".

Por otra parte, señala que en la resolución de esta declaración tampoco se ha abierto un periodo de información pública, "que fue precisamente la razón por la que dicha Declaración Ambiental fue anulada". En la sentencia del pasado mes de enero, se acredita con un informe pericial que las aguas de consumo público del municipio de Torrejoncillo del Rey, cuyo Ayuntamiento interpuso la demanda, “fueron contaminadas por los nitratos de esta explotación”.

En el DOCM se establece que hubo plazo de alegaciones

En el documento publicado en el DOCM, consultado por eldiarioclm.es, el Gobierno hace referencia a la sentencia y afirma que se le da cumplimiento volviendo a publicar nuevamente la autorización ambiental, refiriendo que el pasado 5 de julio se remitió a fase de audiencia la propuesta de Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente para otorgar una nueva autorización ambiental integrada a la explotación ganadera, tanto al promotor, como a los ayuntamientos de Huerta de la Obispalía y Torrejoncillo del Rey, otorgándose "un plazo de 15 días para la presentación de las observaciones que se juzgasen oportunas". “Una vez trascurrido el plazo señalado, no se han recibido alegaciones”.

Pero Daniel González, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca, afirma que el Gobierno castellano-manchego sigue “sin cumplir ni hacer cumplir” la normativa ambiental para este tipo de explotaciones, y en el caso de Huerta de la Obispalía “se permite funcionar a una explotación sin las autorizaciones ambientales, que, por cierto, ya ha contaminado el acuífero de la zona".

Añade además que el discurso del consejero Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, sobre la rigurosidad en el cumplimiento de la normativa ambiental “queda en papel mojado ante estos hechos, que desgraciadamente son la norma en estos dos últimos años”. “Vemos cómo se aprueban proyectos en los que las parcelas para los purines no guardan las distancias requeridas por la normativa con los cauces hídricos o con los cascos urbanos, no se presentan los planes de abonado, se aprueban proyectos a escasos dos kilómetros del Parque Arqueólogico de Segóbriga, en el municipio de Almendros, que una gran afección al Patrimonio Cultural”.

También recuerda que en el caso de Cañete, pendiente de sentencia judicial, se aprobó una explotación a menos de dos kilómetros de un matadero, “algo que no permite la legislación”. “Los casos son innumerables”, añade, poniendo como ejemplos el de Villar de Domingo García, donde se acaba de presentar un proyecto cuyos purines “serán esparcidos en los alrededores” del mosaico de Noheda y en el que “tememos que la Junta también le dará el visto bueno".

El portavoz de la Junta pide "pedagogía" sobre este asunto

Preguntado sobre estas cuestiones, el portavoz del Gobierno castellano-manchego, Nacho Hernando, ha afirmado que la Junta se está planteando enviar un documento a los medios de comunicación que "permita explicar la verdad sobre este asunto". De hecho, ha afirmado que la Administración regional "no puede autorizar una macrogranja". "Realmente, los que tienen potestad son los ayuntamientos, porque si no hay informes en contra de los ayuntamientos, ahí es cuando radica el problema, cuando llega un informe favorable", ha explicado.

"Si la Junta tumba un proyecto sin ningún tipo de motivo legal o jurídico, quien va a la cárcel por prevaricar, somos nosotros. Lo que vamos a hacer es modificar la legislación para que sea prácticamente imposible y dentro de poco aumentaremos la distancia de seguridad de estas instalaciones", añade.

Ha comparado esta cuestión con la del proyecto de tierras raras en el Campo de Montiel: "Si alguno de nosotros hubiésemos salido a decir en público que no estábamos de acuerdo y que íbamos a hacer todo lo posible por tumbarlo, sin esperar que los técnicos tuviesen su turno en el proceso, son ganas de que nos acusen por prevaricar".

"Quizás haga falta más pedagogía para entender el procedimiento. En cualquier caso, las indicaciones de cómo se ha ido desarrollando esta legislatura en materia medioambiental es clara, todo va en la misma dirección. Hemos tenido que tener paciencia y al final las cosas caen por su propio peso", ha concluido.

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