Las administraciones ‘entorpecedoras’ del Defensor del Pueblo
No contestar a los sucesivos requerimientos que desde la Oficina del Defensor del Pueblo se realizan conforme a peticiones ciudadanas y de diferentes colectivos, convierte a determinadas administraciones públicas en “entorpecedoras o no colaboradoras”. Así las define esta institución en el informe que cada año remite a las Cortes Generales para su evaluación. En Castilla-La Mancha, se presentaron el año pasado un total de 839 quejas ante este organismo, un centenar menos que las 927 registradas en 2014. Del informe correspondiente al año 2015, que se publicó recientemente, recogemos aquellas administraciones castellano-manchegas mencionadas por diferentes solicitudes y peticiones.
Entre las primeras ‘entorpecedoras’ se incluye al Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara), que demoró la respuesta hasta el tercer requerimiento de la institución, sobre la reclasificación de terrenos que han revertido a rústico y consecuentemente, modifican su tributación en el impuesto de bienes inmuebles. Según apunta el informe, la contestación recibida es incompleta sobre esta cuestión. También en esta provincia, el informe incluye al Ayuntamiento de Fuentenovilla, al cual se solicitó información en junio de 2014 sobre la depuración de aguas y vertidos residuales de una urbanización, junto con un tercer requerimiento el pasado 10 de septiembre, todavía sin respuesta.
En la provincia de Toledo, el caso más significativo es de Talavera de la Reina. Según el informe, en febrero de 2014 se solicitó información sobre diversas denuncias presentadas ante el Ayuntamiento por el ruido que causaban los vehículos que salen de los garajes de una determinada calle, al utilizar de forma injustificada señales acústicas, finalizando el expediente el 23 de julio de 2014. Pero al persistir el problema inicial, se reabrió el mes de octubre siguiente, requiriendo ampliación de la información sobre la conveniencia de llevar a cabo mediciones acústicas. Con todo ello, el tercer requerimiento se hizo pasado 15 de diciembre.
También en la provincia de Toledo, el Defensor del Pueblo requirió al Ayuntamiento de Gerindote en septiembre de 2014, sobre la falta de respuesta municipal a peticiones de información, con un tercer requerimiento el pasado 10 de abril. Caso similar ocurrió en El Viso de San Juan, a cuyo Consistorio se requirió una solicitud de copia de actas de plenos municipales hace un año, con una tercera petición sin respuesta el pasado mes de septiembre.
Sobre la provincia de Ciudad Real, el informe incluye al Ayuntamiento de Mestanza, al que se pidieron datos sobre la regularización tributaria en el IBI y la falta de resolución de una solicitud de corrección de errores catastrales. El tercer requerimiento se hizo en octubre de 2015. Por su parte, al Consistorio de Villamayor de Calatrava, se pidió información sobre la oposición a la aprobación de la instalación de una planta de valorización de residuos de la construcción y demolición en la localidad, realizando el último requerimiento hace un año.
El último ayuntamiento castellano-manchego incluido es el de Yeste (Albacete), al que se solicitó ampliación de información hace dos años sobre incumplimiento de prestación de servicios por expropiación, con un tercer requerimiento en mayo del año pasado.
Otras administraciones públicas requeridas
En el estudio aparece igualmente la Diputación de Guadalajara como administración entorpecedora, a cuyo Servicio de Recaudación se pidió ampliación de información sobre deberes legales en cuanto a la lectura del contador del agua. La institución provincial recibió el tercer requerimiento el pasado mes de diciembre. También la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara aparece en el informe, debido a la solicitud de las actas de los plenos, con la última petición realizada en septiembre de 2015.
Entre las administraciones que el informe del Defensor del Pueblo incluye como las que han contestado al tercer requerimiento se encuentra la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Según explica, se solicitó ampliación de información en octubre de 2014 a la consejería entonces competente, sobre las molestias provocadas por la actividad de unas granjas porcinas clandestinas en la localidad de Lagartera (Toledo). Se hizo el tercer requerimiento en mayo de 2015 y se recibió el informe en junio.
En otro expediente se solicitó ampliación, en noviembre de 2014, sobre la oposición a la aprobación de la instalación de la planta de valorización de residuos de la construcción en Villamayor de Calatrava, mencionada anteriormente. El tercer requerimiento se realizó el pasado mes de agosto y la consejería envió el informe el pasado 19 de octubre.
