El “atropello” de pedir cárcel por protestar contra la privatización del agua

Febrero de 2014. Se celebra una protesta en la plaza de España de Alcázar de San Juan paralela al encierro que durante aquellos días protagonizó la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar en el Ayuntamiento de la localidad, para protestar por la decisión del entonces alcalde, el ‘popular’ Diego Ortega de que el servicio de agua lo gestionase la empresa privada Aqualia.

Durante el acto de protesta, que no había sido comunicado a las autoridades de forma oficial, el alcalde sale en un coche policial desde las dependencias municipales y algunos vecinos comienzan a increparle. En un tenso ambiente, los antidisturbios que durante aquellos días permanecían en el lugar  cargan contra los manifestantes.

Según Fernando Ruiz de Osma, presidente de la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar “el alcalde provocó a los que estaban en la plaza y la policía terminó denunciando a una serie de personas”. Algo  que podría acarrear graves consecuencias judiciales y económicas  a varios  de los presentes en la protesta.

Para Ruiz de Osma lo que sucedió fue que “la policía cargó contra los muchachos y a algunos les cayó una buena somanta de palos. Después los policías denunciaron que les habían pegado a ellos”.

“Son gente de entre 18 y 20 años”, dice Ruiz de Osma. “Para cuatro de ellos el fiscal pide dos años de cárcel y miles de euros de multa” y hay una quinta persona a quien se le atribuye una falta por la que también tendrá que pasar por los juzgados.

“Es un atropello porque les piden penas de cárcel”, lamenta,  y añade que “aunque les terminen cayendo seis meses de cárcel tendrán antecedentes penales”. Fue algo, explica, que  ocurrió al margen de la propia Plataforma y del encierro que protagonizaron sus miembros pero hacen un llamamiento ciudadano para ayudar a los jóvenes.

“Tenemos poca posibilidad de facilitar ayuda económica pero haremos lo que esté en nuestra mano para buscar testimonios y difundir lo que nos parece un atropello”, insiste.

La causa contra estos jóvenes se tramita por la vía penal y, en estos días, comienzan a llegar los requerimientos de documentación para la posterior celebración de los juicios correspondientes.

El presidente de la Plataforma lamenta que “el alcalde desoyera las recomendaciones de los policías para evitar salir a la plaza. Fue cuando los chicos se fueron hacia él y la policía cargó”. Dice entender que la policía “fuera allí para proteger al alcalde e incluso que cargara  de forma moderada. ¡Ahora! Los palos que se vieron allí contra los chicos…”.

Eso es algo que no entienden desde la Plataforma, como tampoco que los policías fueran al hospital alegando que tenían lesiones. “Nosotros sabemos que los médicos que les vieron, en los informes señalaron que no apreciaban nada. Pero da igual. Ellos decían que les dolía todo el cuerpo”.

En su opinión, “es una pauta estudiada, hay una carga policial y luego actúan de la siguiente manera…Pom, pom, pom…Después los reconocimientos que se hicieron de los denunciados fueron muy irregulares porque a ninguno la policía se le acercó a preguntarle el nombre o a pedirle el DNI, sino que los policías nacionales, que no son de Alcázar, pidieron colaboración a la policía local, preguntando quién era uno u otro”.

“Suena a viejo pero en aquel contexto fue la represión a un movimiento ciudadano”

“Suena a viejo pero en aquel contexto fue la represión a un movimiento ciudadano”Las denuncian llegaron después y los afectados “no sabían que habían sido denunciados o identificados”. Fernando Ruiz de Osma explica que “allí había mucha gente que vio lo que sucedió, hay grabaciones que se hicieron con el móvil”.

Aún no hay fecha de juicio pero la Plataforma dice que, dos años después, “esto todavía colea y suena a viejo” pero, recuerda que hubo un “contexto” muy claro y  pide que “nadie olvide que se trató de la represión más absoluta de un movimiento ciudadano”.

Estudian recurso de inconstitucionalidad a las multas administrativas

Estudian recurso de inconstitucionalidad a las multas administrativasAdemás de estos casos, otras siete personas fueron han terminado recibiendo y pagando cuantiosas multas. Unas sanciones administrativas que  se les comunicaron en marzo de 2014. Desde entonces se han ido recurriendo hasta la última instancia posible, en este caso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En diciembre llegaba la última comunicación ante ese recurso, tan fallido como los demás,  y las multas han tenido que pagarse.

Ruiz de Osma comenta que no fue posible parar las sanciones. Se recurrió al alcalde para que mediara ante el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo. “Ni entonces ni después fue posible que se intermediara o que se pararan las denuncias. Por parte del alcalde, nunca hubo voluntad”.

Ahora, la Plataforma estudia  un recurso de inconstitucionalidad aunque se hayan pagado cantidades  que oscilan entre los  301 y los 900 euros.