Los conductores de la Junta consiguen que se anule el plan de “destrozos” humanos
Un año después, la lucha de los conductores del Parque Móvil de la región es por fin una victoria. Flashmobs, encierros, manifestaciones, concentraciones, e incluso, la procesión de nuestra “Señora del Finiquito”, marcaron un año de protesta ante la decisión anunciada por la Junta de Castilla-La Mancha de reducir a la mitad la plantilla de conductores públicos, y reasignarlos a otros puestos de trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado el Plan del Gobierno regional, señalando que el Ejecutivo “no obró de conformidad con normas legales” al pretender que los conductores cumpliesen “obligaciones no derivadas de su contrato”.
La sentencia señala que la Consejería de Hacienda presentó en diciembre de 2013 una memoria que justificaba la supuesta “necesidad de planificación”, para lo cual se comenzó un proceso negociador en enero de 2014 con los sindicatos. Sin embargo, incluso después de haber celebrado cuatro mesas de negociación, no se llegó a ningún acuerdo entre los representantes sindicales y el Gobierno regional. Hacienda no tuvo esto en consideración y notificó a Comisiones Obreras la resolución que aprobaba el Plan de Recursos Humanos.
En este sentido, este Plan propuesto por el Gobierno regional se debía a que los servicios del parque móvil debían reordenarse ya que existían 96 plazas “excedentarias” para el Ejecutivo regional. El Gobierno de Cospedal argumentaba además un ahorro de dos millones de euros, que el Tribunal Superior de Justicia ha descartado, al afirmarse en un informe calificado como “basado en irregularidades”, y que no resultaba valorativo o explicativo.
Los sindicatos que han acompañado la lucha de los trabajadores han celebrado la decisión judicial, señalando que se trata de otra “gran derrota” al Gobierno regional, que se une también a la victoria conseguida en el caso de los interinos despedidos en agosto de 2012. Desde UGT han exigido nuevamente la dimisión del Consejero de Presidencia y portavoz de Gobierno, Leandro Esteban, así como al Director General de Función Pública regional, Juan Manuel de la Fuente.
El Plan de Recursos Humanos pretendía reubicar a los trabajadores, elegidos por el sistema de oposiciones, a otro tipo de funciones, entre las que se contaba incluso la del cuidado de mayores o de cocineros. Esta medida significaba, además, que los interinos que estuviesen a cargo de estas plazas, serían despedidos, por lo que las consecuencias negativas de la medida del Gobierno regional, era triplemente negativa, según señalaron los sindicatos. En relación al argumento de “excedentario” que usó la Junta de Comunidades, los trabajadores denunciaban que debían llevar a cabo jornadas laborales de hasta 20 horas, en ocasiones, que incluían traer y llevar a los directores generales hasta su domicilio.
