La consulta ciudadana se cierra con un 99% a favor de la gestión pública del agua
Los números obtenidos tras el cierre de las urnas el 24 de marzo, señalan que un total de 7968 personas se hicieron partícipes de la consulta, de las cuales un 99% votó a favor de mantener Aguas de Alcázar en manos públicas, un 0,78% en contra, así como 5 y 6 votos en blanco y nulos, respectivamente. Estos números han sido comparados por portavoces de con los votos recibidos por los partidos Popular y Ciudadanos por Alcázar en las últimas elecciones,que conforman el actual gobierno municipal y que adjudicó definitivamente la gestión a de Empresas Aqualia y Transia el pasado 12 de marzo. En términos porcentuales, el total de los votos corresponden a un 44% de los votos válidos escrutados en las últimas elecciones municipales de la localidad y a un 34% de la población mayor de 18 años.
Tal como ha señalado en una nota de valoración, los objetivos de la campaña se han cumplido, ofreciéndole una voz al pueblo para manifestarse por un servicio que se ha considerado como fundamental por los organizadores y los ciudadanos. Con los resultados en la mesa, el colectivo ha expuesto una serie de formulaciones para ver si, a pesar de la falta de oficialidad, los votos pueden ser considerados, sobre todo teniendo en cuenta el impecable desarrollo de la consulta, que contó con la participación de más de 100 voluntarios, un sistema informático que prevenía actuaciones fraudulentas y la colaboración de expertos y profesionales. El planteamiento de es que la masiva participación debería ser tomada en consideración por el Gobierno municipal, en cuanto que muestra un descontento general por parte de la población ante la nueva gestión de las aguas. Señalan también que los votos cuadriplican los recibidos por el partido local, Ciudadanos por Alcázar, liderado por el exdirigente socialista Angel Montealegre, y suman 1000 votos más que los obtenidos por el Partido Popular.
De igual modo se ha hecho hincapié, a lo largo de los cuatros días de votación, del problema que significó la negativa por parte de de Gobierno de Ciudad Real de tramitar el permiso para llevar a cabo el evento, que finalmente se resolvió con un fallo positivo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que sancionó su legitimidad. La falta de participación del Gobierno Municipal en las urnas no contribuyó a añadir valor institucional al evento. El distanciamiento que han asumido las administraciones en sus distintos niveles ha sido valorado por como un “miedo a escuchar la opinión de los ciudadanos”.
