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El criterio del trabajador social primará para agilizar ayudas de emergencia

Foto: Consejo General del Trabajo Social

Alicia Avilés Pozo

Dentro de todo el proceso puesto en marcha por la Consejería de Bienestar Social para ‘darle la vuelta’ a los recortes del Ejecutivo anterior de María Dolores de Cospedal en materia de servicios sociales, se encuentra la intención del departamento de Aurelia Sánchez de modificar la orden reguladora de las bases para las ayudas de emergencia social. Este cambio supondrá dar al informe social mayor importancia de forma que ese criterio prevalezca a la hora de decidir sobre la concesión de las ayudas. La previsión de la Junta es que esta modificación pueda estar aprobada en un par de meses.

La Jefa del Servicio Regional de Atención Primaria de la Consejería, María Jesús Real, ha explicado a eldiarioclm.es algunos detalles de esta modificación con motivo de su intervención en la Jornada ‘Los servicios sociales en Castilla-La Mancha desde la perspectiva de un gobierno de izquierdas’, organizada por CCOO en Albacete.

Tras realizar un diagnóstico sobre la situación de los servicios sociales de atención primaria, su “vulnerabilidad” tras los cuatro años de recortes del Gobierno del PP y las primeras medidas el Ejecutivo actual en ayudas de emergencia, Real ha apuntado a la necesidad de ir abordando ahora algunas medidas concretas para desarrollar la Ley de Servicios Sociales de 2010. Aunque ha destacado que son “procesos complejos”, ha querido incidir en que ya hay grupos de trabajo designados para ello.

Entre esas medidas específicas se encuentra modificar todo el proceso de tramitación de pagos con los ayuntamientos y cambiar la orden que regula las bases de ayudas de emergencia social. “Queremos agilizar y simplificar el proceso de tramitación de esas ayudas y resolverlas con mayor prontitud”, ha apuntado la responsable de Atención Primaria, dando prioridad a los casos en los que se produzcan cortes de suministro energético o posible pérdida de la vivienda.

En esos casos, será la prescripción del trabajador social el primer requisito para el acceso a las ayudas. “Si el profesional acredita que es una situación de emergencia social, el procedimiento continúa, y en caso contrario, acaba, pero ese criterio lo establece el trabajador social”, ha precisado. Argumenta que los servicios sociales se habían “burocratizado” demasiado, sometidos a un marco normativo de subvenciones donde la prescripción personal “se había perdido”.

El informe social “antes solo un era un requisito más”

Por eso el informe social, que “antes solo era un requisito más”, ya se estableció como criterio fundamental en las recientes ayudas contra la pobreza energética donde el acceso viene determinado por un trabajador social. En ese mismo sentido quieren abordarse todas las ayudas de emergencia.

Otras medidas a las que se ha referido María Jesús Real se refieren a la necesidad de establecer un único marco de concertación con los ayuntamientos dependiendo de distintos convenios. Para ello se están elaborando los primeros trabajos de estudio, pero “queremos sentarnos con profesionales y entidades y consensuarlo todo”.

Por último, se ha referido a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno de Rajoy, anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional, de forma que ahora no se pueda obligar a las comunidades autónomas a asumir competencias en servicios sociales que prestan más eficazmente los municipios. “Eso ha supuesto un respiro aunque la amenaza sigue ahí en cuanto a que parte de la Ley sigue vigente”, ha concluido.

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