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¿Por qué presenta el PSOE una proposición de ley de muerte digna?

Foto: laicismo.org

Cinco años después de la aprobación de la ley de muerte digna de Andalucía (poco después Aragón y Navarra, recientemente Baleares y Canarias, y en trámite País Vasco y Galicia), no existen diferencias significativas entre territorios y en general en España se muere mal.

Las leyes no cambian la sociedad, pero contribuyen a ello, siempre y cuando sean el resultado de un debate y un consenso social. En el caso de la muerte digna, este debate y consenso está en la calle desde hace años, pero no en las instituciones. Aprobar leyes de muerte digna no sirve para nada cuando no existe la voluntad política de que se respete la ley de autonomía del paciente (2002) y muy especialmente el derecho del ciudadano al alivio del sufrimiento al final de su vida.

Es importante garantizar a toda la ciudadanía el acceso a los cuidados paliativos. Estos deben ser universales, teniendo claro que el enfoque paliativo no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar el derecho al alivio del sufrimiento. Además, es necesario comprender que eutanasia y paliativos no son opciones excluyentes, sino complementarias: siempre habrá personas que a pesar de contar con los mejores cuidados (y a pesar de lo que diga la ley) decidan adelantar su muerte de forma voluntaria.

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Es hora de ejercer la autonomía y voluntad personal en el testamento vital

El primer reconocimiento de derechos sanitarios en nuestro país tuvo lugar en 1986 con la Ley General de Sanidad, que se adelantó y, en cierta medida inspiró los principios del “Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina”. Este convenio, suscrito por España y en vigor desde 2000, abordó de una forma más amplia y específica los derechos ciudadanos individuales frente a las actuaciones de la biología y la medicina. Sus exigencias normativas dieron lugar a la conocida como Ley de autonomía del paciente y, sucesivamente, a las leyes de voluntades anticipadas autonómicas y, más recientemente, a las de derechos y garantías en el proceso de morir de Andalucía, Aragón y Navarra.

Así, un modo previsto en las leyes para asegurar que el paciente pueda decidir él mismo sobre su persona incluso en situación de incapacidad es la declaración anticipada de voluntades; aunque recibe diversas denominaciones según las comunidades autónomas (testamento vital).

Este derecho lo estableció por primera vez el artículo 11 de la Ley de Autonomía del paciente, denominándolo documento de instrucciones previas. La definición que esta ley hace del testamento vital es la siguiente: “Una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo”.

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La cobardía que sobra en España se complementa con la valentía de otros países

Parlamento de Bélgica, uno de los parlamentos que ha debatido sobre instaurar una ley de muerte digna / Foto: EFE

Debatir sobre cómo dignificar los procesos del fin de las vidas es un acto de valentía. Pero no olvidemos que los políticos son también personas, aunque muchos dudemos de su capacidad de empatía una vez se escudan tras los muros de sus protegidas moradas. Ellos también mueren, aunque seguramente mucho mejor que cualquier ciudadano de a pie. Pero en definitiva no hay que negar que tienen que salvar varios muros para poder gobernar de una forma acorde a lo que la sociedad les demanda.

El primero de ellos es su propio tabú hacia la muerte. El segundo es el tabú cultural judeocristiano, compartido por una gran comunidad de personas en forma de ideario común, y que tradicionalmente ha matizado de una manera muy decisiva a la muerte (siendo algo a evitar por cuanto supone “el juicio final”). El tercero, y el más reprochable de todos por cuanto de cobardía implica, es el tener que saltar el insalvable muro que les aleja de los ciudadanos, las personas para las que gestionan, y acercarse a su “día a día”, a sus historias de sufrimiento, a su tristeza, a su impotencia. En definitiva, ponerse en el lugar del otro, escuchar a las personas afectadas.

Pero hay uno más, el cuarto, el más vergonzoso si cabe: el “dividendo político”. Las consecuencias electorales futuras que tendrá el aprobar una ley efectiva de muerte digna que permita, en determinadas circunstancias y bajo determinados requisitos, las prácticas eutanásicas.

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Cómo no quiero morir cuando sea mayor

Es normal que con la edad nuestras capacidades cambien. Pero si bien ya no se dispone de la misma agilidad física, sí que la agilidad emocional y reflexiva suele mantenerse e incluso agudizarse por cuanto la experiencia que se tiene constituye unos conocimientos y habilidades difícilmente igualables.

Este cambio de capacidades, que a veces conducen a la dependencia, suele ser la base de tomar la palabra de nuestro abuelo, amigo, o padre, y hablar por él sin tener en cuenta sus opiniones o deseos. Realidad que contradice los derechos que en la Ley de Autonomía del Paciente se otorgan a las personas y que, todo sea dicho, tanto esfuerzo y siglos ha costado regular. Salto “a la torera” no sólo por parte de los cuidadores, familiares, o amigos, sino también por parte de los profesionales sanitarios al cuidado. 

Es una estampa habitual, en la práctica clínica diaria, ofrecer la información sanitaria, que recordemos sólo pertenece a la persona afectada (excepto cuando se niegue a recibirla o el médico considere que con ella empeorará el proceso), a los familiares presentes. Sea cual sea el estado de la persona mayor. Mientras que la Ley que regula los derechos y deberes de los ciudadanos cuando pasan a convertirse en pacientes frente al sistema nacional de salud dice que: “Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho”. Dentro de esos estados básicamente se incluyen los deterioros del nivel de conciencia (por estados comatosos, inducidos o no), o cognitivos (desorientaciones pasajeras, demencias). Pero no el hecho de tener más de 70 años.

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La moda de decir lo que todos quieren oír para no tener que escucharles más

El Parlamento de Canarias aprobó una ley de muerte digna / Foto: Parlamento

Son ya cuatro los gobiernos autonómicos del estado español que disponen de una ley de muerte digna o de garantías en el proceso final de la vida. Estas son, por orden cronológico, Andalucía, Aragón, Navarra, y recientemente Canarias.

Pero también hay otras cuantas debatiendo las suyas. Son Galicia, Euskadi y Baleares. Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras.

El caso es que, por un lado, estas legislaciones suponen un avance para que todos los españoles puedan morir en paz. Pero por otro, sólo los españoles que vivan en dichas comunidades autónomas pueden beneficiarse.

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"Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir”

"Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Así dice Valentina en un video que publicó ella misma hace apenas una semana, sin tener sus padres conocimiento de ello, en su muro de Facebook y que cuenta ya con más de 270000 reproducciones.

Valentina ya vio a su hermano mayor morir por la misma enfermedad, una Fibrosis Quística. Pero también a muchos otros amigos y compañeros de hospital. Hecho que le ha llevado a cansarse de vivir así, a agotarse: "Él era uno de mis mejores amigos y ver que estaba dando todo al 100% e igual sufría, verlo morir, me impactó”, decía a la BBC sobre lo que le había llevado a tomar esa decisión. Y completaba sus motivos diciendo que "han sido 14 años de lucha, de día a día, y para mi familia ha sido más. Estoy cansada de seguir luchando, porque veo el mismo resultado siempre. Es muy cansador.

Al enterarse su padre, Fredy, de la publicación de dicho video, confiesa haberse pasado la noche entera llorando. Al re-encuentro con su hija, ésta le dijo: Papáya no quiero más, papi, estoy cansada. Porque incluso con el trasplante no hay seguridad. ¿Y si me muero en el trasplante?. A lo que Fredy le contestó: Hija, si túquieres luchar, luchamos. Túsabes cómo es tu enfermedad, la conoces al revés y al derecho. Es sobre mi calidad de vida, explica Valentina sentenciando eso es lo que no estoy obteniendo.

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Derechos sanitarios no reconocidos: cuando ya no puedo vivir así

Como viene siendo habitual todos los primeros lunes de mes, a las 19:00 horas en la librería Taiga de Toledo (Travesía Gregorio Ramírez, 2), la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) celebra su tertulia mensual. En este caso, la del mes de marzo, con el título “Cuando ya no puedo vivir así”, versará sobre aquellos derechos que aún no son efectivos.

A pesar de la opinión ciudadana al respecto, realzada en los diferentes estudios realizados tanto por entidades públicas (Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS-) como privadas (Organización de Consumidores y Usuarios -OCU-, o la misma Organización Médica Colegial), la disponibilidad de la propia vida más que constituir un derecho inherente al concepto de dignidad humana, en la práctica sigue siendo un delito tipificado por el código penal en el estado español.

En la tertulia se hablará sobre historias verídicas, públicas y privadas, con nombres propios, de personas cuya única salida posible a su sufrimiento era la de adelantar el momento de su muerte y que éste fuera soportable para él y para sus allegados. O de la necesidad de disponer de la propia vida cuando llegue el momento en el que las condiciones en las que ésta se vive sean del todo incompatibles con la dignidad de cada uno.

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Colombia entra en la cuenta atrás para regular la eutanasia

Foto: right_to_die

Hasta la fecha, Colombia era el único país del mundo en el que la práctica de la eutanasia había sido reconocida como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional. En una sentencia del año 1998 afirmaba que la eutanasia activa (ya fuera en su forma de producción directa de la muerte, o en la de auxilio al suicidio) constituía un derecho de los enfermos directamente derivado del reconocimiento constitucional de la dignidad y la libertad individuales. Según dicha sentencia, siempre que el sujeto sufra una situación terminal con dolores insoportables, el Estado no puede oponerse ni a su decisión de morir ni a la de solicitar la ayuda necesaria para ello; obligarle a seguir viviendo en tales circunstancias “equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (art. 12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral” (Sentencia C-239/97, de 20 de mayo de 1998, Parte 17). 

Sin embargo, aun contando con una sentencia tan inequívoca como ésta, en casi 18 años 5 proyectos de ley eran tumbados por el congreso, fundamentalmente por motivaciones religiosas. Incluso el nuevo Código Penal del año 2000 hacía caso omiso del alto tribunal penalizando expresamente la eutanasia. 

Es esa misma Corte quien, a través de la sentencia T-970 de 2014, conocida esta pasada semana, exige al Ministerio de Salud que en un plazo máximo de 30 días emita las directrices para que se garantice el derecho a morir dignamente de aquellas personas con enfermedades terminales que lo requieran y así evitar que ante la ausencia de legislación aplicable se diluyan las garantías fundamentales de las personas que deciden tomar esa decisión.

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También hay poesía en la muerte

El recital era organizado por la Asociación Derecho a Morir Dignamente, y sus activistas alentaron a todos a reclamar los derechos al final de la vida que ya se tienen, pero también a que de una vez por todas se legisle y regule ese tan ansiado derecho a morir dignamente en base a los valores de cada uno.

Afirmaban que morir dignamente es simplemente un acto de respeto a las decisiones de cada uno constituyendo, en definitiva, un ejercicio de libertad absoluta. Una libertad de la que muchas personas todavía no disponen. Personas que se encuentran en la más profunda indefensión por su estado de dependencia total.

En este sentido, se hizo un recordatorio de la vida y muerte de Ramón Sampedro, primera persona en España en solicitar un suicidio asistido, y de Alfonsina Storni, poetisa argentina cuyo sufrimiento por un cáncer de mama le llevó a suicidarse lanzándose al vacío desde una escollera.

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Los Testamentos Vitales en Castilla-La Mancha no alcanzan la media nacional

Foto: EFE

En la vida nos gusta ser prevenidos, informarnos y disponer de nuestros asuntos con plena libertad y a nuestro gusto. Por ello no nos gustaría llegar a la fase final de la vida estando bastante disminuidos y no poder ejercer nuestra libertad. Ante esta posibilidad se habla de Testamento Vital (también llamado Documento de Instrucciones Previas o Declaración de Voluntades Anticipadas) que es la manifestación escrita de una persona capaz que, actuando libremente y en base a sus valores personales, expresa las instrucciones que deben tenerse en cuenta sobre la asistencia sanitaria que desea recibir en situaciones que le impidan expresar personalmente su voluntad, o sobre el destino de su cuerpo o sus órganos una vez producido el fallecimiento.

Por desgracia en nuestra comunidad lo desconoce buena parte de la población o no se ha preocupado de valorar el interés de tal documento. Así, siete años después de su creación (en 2006), el Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha mantiene un nivel de inscripciones bajo en relación a la media nacional. Si bien el número de personas, en términos totales, que han documentado y registrado sus instrucciones previas ha aumentado en 3.324, todavía no alcanza niveles de comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco o La Rioja.

En términos relativos, en 2008, un 0,04% de los castellano-manchegos (787 personas) hacían uso de este derecho y en 2013 pasaba a un 0,19% (4111 personas); una muy discreta elevación, teniendo en cuenta que la media nacional es actualmente del 0,31%, también muy por debajo de países como Alemania, con un 9% (sin mencionar a las democracias del Benelux o Suiza).

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