Los dependientes de la región, entre los que más tienen que esperar
Las desigualdades que se establecen en el último informe del Tribunal sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las regiones para la aplicación de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia son claras. Castilla-La Mancha se encuentra entre aquellas regiones que no han sido capaces de ofrecer una resolución satisfactoria al colectivo en el tiempo establecido por la Ley de Dependencia, seis meses, alcanzando, incluso esperas de más de dos años, con una media de más de siete meses.
Junto con Canarias, Murcia, Galicia, Aragón, Valencia, Islas Baleares y Andalucía, Castilla-La Mancha supera la media nacional de personas pendientes de resolución, que van suponen más de 190.000 en el primer cuatrimestre de 2013, señalando además una grave desigualdad en cuanto concentran el 75% de las personas en espera de toda la nación. El plazo en Castilla-La Mancha, supera los 6 meses con una media de 143 días.
En la región, a diferencia de otras como Canarias y Andalucía que achacan el retraso a la falta de recursos económicos y no sólo a las demoras en la gestión, se señala que las resoluciones de reconocimiento de las prestaciones económicas se dejan en suspenso hasta la habilitación de los créditos necesarios, que es cuando se vuelven a emitir nuevas resoluciones para el reconocimiento de la prestación por dependencia, en una región que acumula alrededor del 5% del total de las personas reconocidas con este derecho.
La información proporcionada por el Tribunal de Cuentas deriva de la tramitación de más de 67.000 expedientes nuevos registrados en el primer cuatrimestre del año pasado, de los cuales casi el 75% de los casos no habían sido reconocidos a fecha de 25 de julio de 2013. De estas solicitudes, la mitad habría superado los seis meses de plazo, señalados por la ley.
El incumplimiento de los plazos, según el organismo, se mantiene como una de las grandes debilidades del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que perjudica no sólo a las personas con derecho a estas prestaciones, sino también al IMSERSO. El SAAD es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, desde la solicitud hasta el reconocimiento y ejecución efectiva de la prestación.
