El ex-alcalde de Cuenca reconoce que firmó un contrato sin llevarlo al Pleno

Francisco Javier Pulido, alcalde hasta 2011 de Cuenca, ha reconocido, ante la acusación del actual gobierno de que firmó un contrato sin llevarlo a Pleno ni seguir ningún proceso legal y asignándolo él simplemente, que es cierto que firmó un anexo por el que instaba al Gobierno local al pago a una empresa privada de 600.000 euros al año durante los próximos 10 años por la construcción del centro deportivo Termalia por parte de la empresa Tecnología de Servicios Construidos S.L. Este hecho se hizo público recientemente por el actual gobierno que ha pedido ante la Fiscalía encausar al anterior alcalde por la firma de este contrato ya declarado nulo.

Ese dinero, correspondiente a los últimos tres años, fue pedido por la empresa que gestiona el centro, proceso que fue declarado nulo y a favor del Ayuntamiento ya que al no cumplirse los cauces legales para elaborarlo es ilegal, por lo que esos 1'8 millones no tendrá que pagarlo el Ayuntamiento, ni tampoco los 4'2 millones restantes.

No obstante Pulido ha indicado que firmó ese anexo “para manifestar su interés en conseguir llegar a buen puerto” el proceso de construcción del centro, anexo que fue firmado de hecho antes de la concesión del centro a la empresa definitiva, concretamente el 10 de noviembre de 2009. También indica el ahora líder del PP en la ciudad que “ese acuerdo nunca fue secreto y lo conoció el gobierno actual cuando llegó al cargo en 2011”, destacando que esa infraestructura será propiedad del Ayuntamiento cuando se pasen unos años sin costar ni un euro.

La Casa del Agua Termalia es un centro privado y ofrece un servicio similar a las piscinas municipales y similares. Su construcción corrió a cargo de la empresa pero el Ayuntamiento debía pagar 600.000 euros al año durante 10 años por la construcción, quedándose el Ayuntamiento gratis con el centro una vez acabara la concesión del servicio, como indica Pulido en sus declaraciones. Sin embargo el tiempo de explotación de la Casa de Aguas es por 40 años, mientras que la empresa recuperaría la inversión en 10 años, por lo que durante 30 años todo lo que ganara serían beneficios a la infraestructura (más los beneficios que consiguiera con la gestión del centro durante los primeros 10 años también).

“No supuso ni un euro para el Ayuntamiento que dentro de unos años se quedará las instalaciones gratis”, menciona Pulido en nota de prensa, sin mencionar que ese año en que las instalaciones serían municipales sería el 2051.

No obstante el entonces alcalde señala que el anexo reflejaba que sería llevado a Pleno en como mucho 14 meses después de su firma, algo que no se hizo de todas formas y además el anexo corría el peligro de tener vigor contractual con la empresa, es decir, que podía implicar directamente el pago de esa cantidad.

La firma de este anexo de contrato puede ser considerado delito penal, que es lo que ahora estudia la Fiscalía. Todas las irregularidades del proceso lo hacen ilegal a todas luces y el consistorio no tendrá que pagar esa cantidad no aprobada en Pleno. Por su parte Pulido esgrime que “esta práctica es habitual, ya se hizo con el anterior equipo de gobierno del que Ávila -actual alcalde- era teniente alcalde con la licitación del servicio público de autobuses con subvenciones en caso de déficit de la empresa”, aunque este caso no es comparable porque compara un servicio público como los autobuses con el de Termalia que es un centro privado.