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El exalcalde de Seseña pudo prevaricar a cambio de un dinero sin dueño

Urbanización Francisco Hernando más conocido como “Paco el Pocero”

elDiarioclm.es

El exalcalde de Seseña se enfrenta a una posible condena por prevaricación y blanqueo del dinero que, al parecer, obtuvo por favorecer la aprobación de una operación inmobiliaria sin los mínimos requisitos, pero su máximo beneficiario puede quedar impune.

Tal como hemos informado en eldiario.es/clm un Auto del Juzgado nº 4 de Illescas, notificado la pasada semana, ha dado un plazo de diez días a Fiscalía y acusaciones particulares para que soliciten apertura de juicio oral y presenten escrito de acusación contra el exalcalde de Seseña, José Luis Martín Jiménez, su tres hijos y dos de sus socios, a los que se imputan delitos de prevaricación, en el caso del exalcalde, y de blanqueo de capitales a todos ellos.

Los hechos están relacionados con la aprobación por el Ayuntamiento de Seseña en mayo de 2003 de un Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) en El Quiñón promovido por la empresa de Francisco Hernando Contreras “Paco el Pocero”, Onde 2000 S.L., que supuso la reclasificación de 1,8 millones de metros cuadrados de terrenos rústicos como residenciales para la construcción de 13.508 viviendas en las que se preveía que habitasen 40.500 personas, cuando el censo del municipio en aquel momento era de 8.000 habitantes.

El Auto, al que eldiario.es/clm ha tenido acceso, responsabiliza al exalcalde de la aprobación del citado PAU pese a evidentes carencias de tramitación que puso también de manifiesto el Tribunal de Cuentas en un informe en el que señala que “no respetó la secuencia lógica de ejecución del planeamiento prevista en las Normas Subsidiarias aprobadas; la alternativa técnica fue presentada a información pública por la Alcaldía sin contar con informes previos que valorasen su idoneidad y oportunidad; la decisión de reclasificación de suelo rústico a residencial y las determinaciones urbanísticas aprobadas, carecieron de fundamentación y soporte alguno; no llegó a valorarse la viabilidad de la proposición jurídica económica que resultó adjudicataria del PAU” además de carecer de los informes de impacto ambiental.

El informe preceptivo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo llegó cuando ya se había producido la aprobación por el Ayuntamiento y no era favorable a la misma, sino que contenía dieciocho observaciones. Lo mismo ocurrió con el informe relativo a la Evaluación Ambiental que supeditaba el plan de actuación al cumplimiento de determinadas condiciones, “habida cuenta de que no existía red de agua ni de saneamiento”. Ninguna de estas consideraciones fue tenida en cuenta.

Esta decisiva actuación del exalcalde para lograr la aprobación del Pleno de su Ayuntamiento con los exclusivos votos de los concejales de su partido, el Psoe, se pone en relación en el Auto del Juzgado con un incremento patrimonial de José Luis Martín Jiménez que nada tiene que ver con sus rendimientos de trabajo o capital, que eran más bien modestos. Fondos de inversión para él y sus hijos por varias decenas de miles de euros, ingresos en efectivo en cuentas por un total de 751.821 euros y compras de inmuebles a una mercantil vinculada a Onde 2000, S.A. hacen sospechar de la existencia de un delito de prevaricación, pese a lo cual no se identifica el origen de esos ingresos.

En cuanto al delito de blanqueo de capitales, el Auto señala distintas operaciones mercantiles efectuadas por Martín Jiménez y sus socios a través de varias sociedades, “sin motivo económico alguno”, transmitiendo entre ellas acciones con valoraciones disparatadas.

Especialmente llamativa es una operación por la que una de las empresas del exalcalde vendió por un precio desorbitado un derecho de opción de compra sobre dos fincas rústicas sin valor económico y sin perspectiva alguna de recalificación a Construcciones y Producciones Seseña 2000, S.L., que finalmente fueron adquiridas por la mercantil Onde 2000, S.L., adjudicataria del PAU de El Quiñón, obteniendo un beneficio por importe de 961.826 euros tal como consta en el informe emitido por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Agencia Tributaria.

Una de las acusaciones particulares la ejerce Izquierda Unida y quien fuera alcalde de Seseña por esa formación, Manuel Fuentes, y quien dio lugar al inicio de estas actuaciones por una denuncia a la Fiscalía, ha manifestado que luchará para que “se conozcan y respondan todos los actores” implicados y ha exigido que se investigue de “dónde procedía” todo el capital obtenido en este proceso urbanístico. Izquierda Unida, a través del Letrado Juan Ramón Crespo, ha confirmado que presentará escrito de acusación contra los imputados en el auto y que pedirán pruebas testificales.

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