Un nuevo decreto facilitará el acceso a 2.000 viviendas públicas cerradas actualmente
El decreto de vivienda de Castilla-La Mancha, aprobado en el último Consejo de Gobierno y que será oficial dentro de un mes, aproximadamente, según anunció la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. El principal objetivo de este documento es facilitar el acceso a la vivienda pública vacía que existe actualmente en la región, y que pretende seguir con las medidas tomadas por el Gobierno de España para seguir flexibilizando el uso de este parque público.
Pero, desde Castilla-La Mancha se quiere llegar más allá y aprobar medidas que permitan que “ciertos colectivos preferentes” puedan puedan acceder en cualquier promoción de vivienda pública de manera “mucho más sencilla”. Se trata de movilizar 2.000 domicilios que están actualmente cerradas y el decreto incluye también medidas para ayudar a colectivos prioritarios como las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo o familias monoparentales, entre otras.
Cambio “radical” en la gestión de vivienda
De la Cruz aseguró que las medidas que se incluirán en el decreto, especialmente desde la índole social, cambiarán de forma “radical” la gestión del parque público que existe en Castilla-La Mancha. Como ejemplo, citó que antes era “imposible” ceder viviendas a las entidades sin ánimo de lucro y eso impedía que se ayudase a colectivos específicos con los que trabajan dichas organizaciones, que son “los que más saben”, afirmó la consejera. Gracias a estas medidas, podrán colaborar en la gestión de la vivienda y “ayudar a los colectivos más vulnerables de la región”.
El documento también pretende dar una solución a los posibles problemas de impago a los que pueden enfrentarse los ciudadanos. “Desde el Gobierno hemos analizado la situación de estas familias y el decreto regularizará la situación de manera que puedan seguir en las viviendas y ofreceremos alquiler social que sí podrán pagar”, afirmó. En esta línea, además, las familias que lleven más de 5 años en el domicilio, podrán ejercer de forma “efectiva” su derecho a comprar la casa.
Entre otras de las novedades, se encuentra la posibilidad de que la vivienda pase al patrimonio de un hijo con discapacidad, lo que permitirá asegurar un techo y provisión de recursos para el futuro, explicó la consejera. En esta línea, también se llevarán a cabo informes sociales más completos que no sólo describan la necesidad de tener una casa, sino que incluyan un seguimiento de las familias, lo que se incluye en el Plan de Garantías Ciudadanas impulsado por la Junta y Podemos.
