La justicia paraliza el plan de la Junta de reasignar conductores a otros trabajos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha aceptado parcialmente el recurso presentado por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSI-F y STAS y ha paralizado el plan de la Junta de Comunidades de reasignar a conductores del parque móvil de la Junta a otros puestos de trabajo. Esta paralización es de forma cautelar y afecta a la toma de posesión excedente de otros puestos de trabajo, pero no a otros procesos del sistema como la valoración de méritos de los conductores que está realizando la Junta o a la resolución de reclamaciones interpuestas.

Este plan de la Junta permitía que conductores que habían obtenido su plaza como conductores mediante oposición fueran reubicados en otros puestos de trabajo aunque nada tengan que ver con su formación u plaza por oposición que consiguieron, como ayudantes en cocinas de servicios públicos. Estos conductores necesitarían además de una formación para estos nuevos puestos de trabajo que no correría por cuenta de la Junta de Comunidades, que simplemente colocaría a un conductor en otro puesto completamente distinto.

Estas medidas pertenecen al Plan de Recursos Humanos del Personal de los Parques Móviles de los Servicios Generales de la Administración que elaboró la Secretaría General de Hacienda. Concretamente el plan afecta a 76 conductores que serían los trasladados de destino. La paralización se debe a, según el Tribunal, por conflicto colectivo para con los agraviados

La suspensión cautelar del proceso está motivada principalmente por los plazos de la Junta para llevar a cabo el Plan, ya que los conductores ya habían recibido un ultimátum de 10 días para que presentaran toda documentación sobre sus méritos para valorarlos en su nueva asignación. La “inminencia”, según señala el propio auto judicial, explica la medida a la que la Junta se ha opuesto desde un primer momento, si bien el Gobierno podrá continuar la valoración de los conductores y demás trámites, pero a día de hoy no ubicarlos en otros destinos mientras permanezca el bloqueo judicial, aceptando así a su vez otra petición de la Junta sobre el mismo recurso.

Comisiones Obreras: “hay que interpretarlo con prudencia, hemos ganado tiempo”

Desde el propio sindicato se han mostrado muy cautos a la hora de valorar el auto del máximo tribunal castellano-manchego, señalando que en lo fundamental se ha paralizado el proceso y que al menos el proceso se dilatará en el tiempo mientras no consigan sus pretensiones, “lo cual no es poco dadas las repercusiones que tendría para afectados y Administración la ejecución de un Plan de Recursos Humanos de más que dudosa legalidad”.

“Es una buena noticia, pero el juicio no se ha producido. Se paraliza la ejecución del Plan hasta que se haga el juicio por el conflicto colectivo planteado”, según el representante del sindicato Ramón González.

Además desde el sindicato aprovecharán este bloqueo del proceso para explicar a los trabajadores de estos parques móviles de la Junta la situación en la que está el proceso, lo que se viene haciendo desde el sindicato, y el desgranar dicho Plan de Recursos Humanos para que los propios trabajadores sepan a qué se están enfrentando de primera mano.

PSOE: “A cada medida que toma el Gobierno de Cospedal, una decisión judicial en contra”

Para Cristina Maestre, portavoz y vicesecretaria general de los socialistas en la región, es un varapalo judicial más que da la justicia al Gobierno de Cospedal, especialmente en materia de empleados públicos. “Por ello hace tiempo que el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, debería estar fuera del Gobierno”.

“Pretender obligar a trabajar en cualquier otra cosa a conductores que sacaron su plaza y que han hecho su trabajo sin tacha desde hace años mientras se contrata a dedo, como asesores de libre designación, a personas afines al PP para hacer este trabajo es mezquino y puede ser también ilegal. Es un hito más en la gestión de recursos humanos del Gobierno de Cospedal. A cada medida que toman, hay una decisión judicial en contra”.

A colación del tema ha querido recordar el asunto de los interinos que tiene que readmitir ahora la Junta de Comunidades y que actualmente siguen sin puesto de trabajo. La factura de esa maniobra, señala Maestre, va ya por los 30 millones de euros gastados en un personal que no ejerce ninguna labor, 30 millones de euros a pagar a un personal por estar en casa por culpa de Cospedal.

No cabe recurso contra este auto del tribunal castellano-manchego, si bien en el acto de la vista sí se podrán hacer alegaciones.