El promotor de la macrogranja porcina de Castellar de la Muela: “Ahora no es una prioridad”

El promotor de la macrogranja porcina de Castellar de la Muela ha asegurado a eldiarioclm.es, casi un año después de presentar la solicitud ante la Consejería de Medio Ambiente, que “ahora el negocio de la macrogranja de cerdos no es una prioridad, aunque no descarto construirla en un futuro”.

Andrés Pérez, empresario de Molina de Aragón, que gestiona una gravera y una planta de reciclaje de materiales de construcción en los mismos terrenos donde planea construir la instalación ganadera, explica también que “la granja porcina fue una idea que me planteé en un momento en que la gravera había empeorado, pero en la actualidad ha mejorado y funciona bien”.

El proyecto, registrado en enero contempla la edificación de una nave para la crianza intensiva de 4.000 cabezas de cebo en la finca que los Hermanos Pérez Cayuela poseen en el paraje de las Gusanillas, situado a dos kilómetros del núcleo de este municipio molinés.

Sin embargo, desde que el promotor registró el proyecto en Medio Ambiente la tramitación administrativa no ha avanzado. Según fuentes de la dirección provincial de Medioambiente consultadas por este medio, el expediente para la construcción de la macrogranja porcina en este municipio no se ha iniciado ni se ha realizado aún el Estudio de Impacto Ambiental, a la espera de recibir la documentación que falta del proyecto y que se le solicitó al promotor en marzo.

Desde que se conoció este proyecto ganadero, los vecinos de Castellar de la Muela han mostrado su rechazo masivo. Así se lo manifestaron por carta al Ayuntamiento en los meses siguientes, defendiendo que la futura macrogranja provocaría graves daños al medio ambiente de la zona y mermaría la calidad de vida de esta población de 38 habitantes, ubicada a 10 kilómetros de Molina de Aragón, en los límites de la Sierra de Caldereros, un espacio protegido de la Red Natura 2000.

Isabel Gabalda, miembro de la Plataforma Stop Macrogranjas de la Comarca de Molina y vecina de Castellar de la Muela aseveró a este digital que “hemos de luchar como comarca contra estas macrogranjas, porque tenemos derecho a vivir en un medio rural sano, con una ganadería sostenible, que no contamine los acuíferos y beneficie a los pequeños productores y no a las empresas grandes”.

Ordenanza de purines

El Ayuntamiento de Castellar de la Muela se posicionó también en contra de que esta instalación ganadera se asentara en el municipio. La oposición del Consistorio a este proyecto se materializó a mediados de octubre, cuando el Pleno de la Corporación, compuesto por dos concejales del PP Y otro del PSOE aprobó por unanimidad una ordenanza municipal para regular el vertido de purines de origen animal y ganadero en el término de esta población.

Beatriz Aguado, concejal del PP en el Ayuntamiento de Castellar de la Muela afirma que “con esta ordenanza mostramos de nuevo nuestra oposición a que la macrogranja se instale en nuestro municipio, porque estos proyectos son negativos para los pueblos, contaminan la tierra, producen olores y un gran gasto de agua”.

La ordenanza, que ha estado publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara hasta el 19 de noviembre no ha recibido ninguna alegación. El documento ordena el almacenamiento, transporte, distribución y vertido de los purines en las fincas rústicas del municipio que, en ningún caso puede sobrepasar los 210 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Además prohíbe que se arrojen los purines en un perímetro de 500 metros de ancho en torno a los límites del suelo urbano. El incumplimiento de la norma se sanciona con multas por infracciones leves, graves y muy graves que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros.

En declaraciones a este medio, el alcalde, Pedro Laparra (PP) manifestaba también la negativa del Ayuntamiento a la iniciativa de ganadería porcina, “en línea con la oposición que nos han expresado los vecinos” y, añadía que “haremos todo lo que esté en nuestra mano para impedir que esta explotación llegue al municipio”.

Esta ordenanza se asemeja a otras normas aprobadas en otras localidades de la provincia sobre las que se cernía un proyecto de ganadería porcina como Riofrío del Llano, Sigüenza, Brihuega o Alustante. Esta regulación supone de facto el blindaje legal de este municipio molinés contra estas empresas de ganadería intensiva y la denegación de la granja, antes de que la Consejería de Medio Ambiente resuelva sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.