“El modelo concesional del agua solo funciona en España para hacer caja”

El mapa de la eclosión en la remunicipalización del agua por parte de muchos ayuntamientos españoles y el análisis de los efectos negativos que la privatización de este servicio tiene para la ciudadanía son las dos claves que destaca el experto Jaime Morell, sececretario de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Con esta tesis ha participado en una ponencia celebrada en la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan, uno de los municipios adalides en esta lucha por la remunicipalización del agua.

En una entrevista con eldiarioclm.es, Morell plantea los motivos por los que estos servicios comienzan a privatizarse en España y por qué ha terminado imperando el actual modelo de concesiones. Lo explica por dos causas fundamentales: primero, porque no hay regulación alguna en este sector, siendo España el único país europeo que no la tiene; y segundo, porque como consecuencia de no existir normativa, tampoco hay control, ni transparencia, ni participación ni rendición de cuentas.

“Solo se privatiza para financiar a las entidades locales, y no para infraestructuras hidráulicas, que sería viable si se explicaran a los ciudadanos y si esas obras tuvieran una contabilidad diferenciada con las tarifas. Se privatiza por problemas de mala gestión de los ayuntamientos, lo cual no tiene sentido. Con ello se ha convertido el derecho al agua en una mercancía, y al ciudadano en un cliente, ya que sin agua no puede vivir”, argumenta. Esta síntesis ha llevado a este colectivo a considerar que el modelo concesional “solo funciona en España para hacer caja”. Así lo prueba el hecho de que no haya ni una sola ratio que diga que privatizando se consigan mejores resultados. “Todo es palabrería e influencia, y como además las concesiones se hacen a 25 o 30 años, se hipoteca la gestión de varias legislaturas”, destaca Morell.

Pero hay más irregularidades en el modelo privado de gestión local del agua. Ocurre por ejemplo que cada empresa pone la tarifa que quiere, “hace las cuentas como le parece”, estructura sus facturas y la información sin transparencia y no rinde cuentas. Por eso, el secretario de la AEOPAS apuesta por la empresa pública, que al menos está sometida a la intervención y a la publicidad en los contratos. La opacidad en el modelo privado es especialmente grave cuando los proveedores de la concesionarias suelen ser multinacionales que realizan financiación a fondo perdido, lo que a su vez afecta a la pyme, al “mercado cercano”, que “termina cayendo” en subcontratas “a precios irrisorios”.

“La única legitimidad que tiene gestionar este derecho humano, el del agua, es que haya transparencia, con un mandato explícito del Ayuntamiento para decir cómo lo va a gestionar”, añade. Y es esta premisa la que ha impulsado procesos de remunicipalización como el de Aguas de Alcázar, pese a que para revertir el proceso “nos hagan creer que es imposible porque debido a los contratos de concesiones hay que devolver a las empresas grandes cantidades de dinero”.

Remunicipalizar es posible aunque “todo se acabe judicializando”

También ocurre así en el caso de Alcázar pero no es el único. “Todo se acaba judicializando, las empresas empiezan a utilizar el ‘efecto pandilla’, te mandan 17 abogados para intimidar, pero es mentira, no pasa nada, porque cuando hay un expediente administrativo correcto y serio en base a una decisión política sobre la remunicipalización y se trabaja seriamente, se puede conseguir. Hay que desmontar la leyenda urbana de que esto es imposible”.

Morell deja claro que la asociación defiende un modelo determinado de gestión pública, y no pretende “demonizar” a la empresa privada, que “tiene su espacio” en contratos puntuales para obras municipales y con plazos razonables. De lo contrario, apunta, se cede a lo privado la responsabilidad que da la ciudadanía en la gestión “de un derecho que es de todos”. Es un premisa asumida en todos los “países serios”, pero no en España, lo que ha motivado una contestación y demanda social que ya es “imparable”.

Es por todo ello por lo que resalta la necesidad de que cualquier proceso de remunicipalización provenga de una “decisión política clara” y que en paralelo a la elaboración del expediente administrativo se genere una estructura adecuada para prestar el servicio y determinar la entidad mercantil pública que debe gestionarlo. Imprescindible para todos estos procesos es que exista una ley estatal como se ha aprobado en Francia, Italia (con referéndum masivo), Portugal, Holanda o Alemania. La AEOPAS dirigirá esta petición a todos los partidos políticos, sindicatos y sociedad civil con motivo de las próximas elecciones generales.