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La movilización por el derecho a huelga señala la falta de libertad y "enfermedad" de España

La convocatoria se siguió en todas las capitales de provincia, con especial atención a Toledo en la que se contó con la presencia de tres imputados por su participación en huelgas de la empresa Airbús.

Las movilizaciones coincidieron en la importancia del derecho fundamental de huelga y del movimiento sindical para la protección de los trabajadores y sus condiciones laborales. 

Juan Alcázar, imputado de Airbús, en Zocodover, Toledo

Juan Alcázar, imputado de Airbús, en Zocodover, Toledo

Tal como señaló el secretario general regional de Comisiones Obreras, José Luis Gil, lo que se buscaba en la convocatoria estatal de hoy era exigir más democracia.  “Queremos una democracia plena” ha señalado Gil, señalando que tan sólo el hecho de tener que salir a la calle para defender libertades como la sindical y el derecho a huelga significa que la “democracia está tocada” y que “este país está enfermo”.

El procesamiento de alrededor de 300 personas, algunas con una condena de un total de 125 años de cárcel que, según han indicado, se trata de sindicalistas y trabajadores que sólo salieron a la calle para “hacer lo que vienen haciendo toda la vida”, “no es de recibo” y los sindicatos han declarado que harán todo lo posible para defender a sus delegados y a los trabajadores, en general.

En la concentración de Toledo han estado tres de los sindicalistas de Airbus para los que el Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel por su participación en la Huelga General del 29 de septiembre de 2010 contra la Reforma Laboral de Zapatero: José Alcázar Blázquez, antiguo secretario general interempresas y expresidente del comité interempresas, Tomás García Rojas, presidente del comité de empresa de Airbus Getafe; y Armando Barco, expresidente del grupo de empresa. Los sindicalistas afirmaron que habían sido acusados sólo por ser sindicalistas y defender las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores.

Además, José Alcázar afirmó que estos “hechos sin precedentes” han hecho que se vuelva a tener peticiones similares a las de la dictadura en 1973. Mientras agradecía el apoyo unánime que han recibido él y sus trabajadores, Alcázar afirmó también que “no se puede permitir que en democracia entren en la cárcel sindicalistas y trabajadores honrados por el hecho de defender los derechos laborales”.

En Albacete, por su parte, el secretario provincial de Comisiones señaló que los procesos y condenas que se están imponiendo a los sindicalistas y trabajadores se producen, mientras el Gobierno obvia las coacciones patronales y las vulneraciones de los derechos de los trabajadores no sólo por parte de los empresarios, sino también por el Gobierno. El mismo discurso se repitió en Ciudad Real, donde se señaló que se ha creado una “dinámica de criminalización” de la acción sindical para desalentar el derecho de movilización de los trabajadores.

La movilización se extendió también a Cuenca y Guadalajara, donde sendos secretarios provinciales de Comisiones Obreras señalaron que los trabajadores no pueden entrar en la cárcel sólo por defender sus derechos, en voz de Pedro Lucas, sindicalista conquense, y que esta nueva dinámica significa una “quiebra en una larga tradición de 35 años”, durante los cuales los trabajadores han ejercido el derecho de huelga, según el secretario alcarreño, José Rey Cuevas.

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