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Estos son los 123 municipios castellano-manchegos a los que Justicia pide retirar vestigios franquistas

Forman parte de las 656 localidades de toda España a las que el Ministerio de Justicia ha solicitado por carta la retirada de esas denominaciones, estatuas o símbolos

La Dirección para la Memoria Histórica también insta a los gobiernos autonómicos a verificar la eliminación de elementos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura

Salida de la autovía en dirección a Llanos del Caudillo / Foro por la Memoria

Salida de la autovía en dirección a Llanos del Caudillo Foro por la Memoria

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria Histórica, ha solicitado a un total 656 ayuntamientos españoles que eliminen los vestigios del franquismo que todavía puedan quedar en espacios públicos de sus respectivos municipios, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Memoria Histórica. Según fuentes consultadas por eldiarioclm.es, dentro de este listado hay un total de 123 ayuntamientos castellano-manchegos.

Este departamento informa de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre todavía a 1.171 calles y plazas españolas repartidas entre más de 637 municipios. A ese censo, la Dirección General de Memoria Histórica ha incorporado otros 19 en los que, según su propia información, también pudieran quedar otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo.

Estos gobiernos municipales han recibido una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, quien solicita certificación sobre “la no existencia de simbología de exaltación en su municipio” y, en caso de que la hubiera, “proceda a dar cumplimiento” a la ley, elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su “inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”.

En su misiva, el Ministerio recuerda que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 7 de junio de 2013 estableció que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las administraciones públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de “dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978”. Aquella sentencia rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz.

Colaboración de los gobiernos autonómicos

Además de los 656 municipios que, en principio, podrían conservar vestigios franquistas exhibidos en espacios públicos estos, el director general de Memoria Histórica también ha solicitado a todos los gobiernos autonómicos información “sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y dictadura en territorios autonómicos”.

Recuerda al respecto que en la mencionada ley se establece que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

En Castilla-La Mancha, el Ministerio de Justicia ha remitido esta carta a 123 ayuntamientos. Buena parte de ellos se encuentran en provincia de Cuenca: Abia de la Obispalía, Alcantud, Almendros, Almonacid del Marquesado, Arrancacepas, Beteta, Campos del Paraíso, Candejas de la Torre, Castejón, Castillo-Albaráñez, Gabaldón, Horcajo de Santiago, Huete, La Alberca de Záncara, La Peraleja, Lagunaseca, Masegosa, Monreal del Llano, Montalbo, Monteagudo de las Salinas, Paredes, Puebla del Salvador, Reíllo, Santa María del Val, Tejadillos, Tragacete, Vellisca, Villaescusa de Haro, Villagarcía del Llano, Villalpardo, Villarejo-Periesteban, Villares del Saz, Villaverde y Paraconsol, y Víllora.

También es muy numerosa la lista en la provincia de Toledo, donde reciben esta notificación los ayuntamientos de Albarreal de Tajo, Alberche del Caudillo, Alcardete, Añover de Tajo, Azután, Calzada de Oropesa, Carriches,  Castillo de Bayuela, Cervera de los Montes, Chueca, Cobeja, Cobisa, Cuerva, El Viso de San Juan, Fuensalida, Gálvez, La Torre de Esteban Hambrán, Las Ventas de Retamosa, Layos, Lominchar, Los Navalucillos, Lucillos, Magán, Manzaneque, Marjaliza, Marrupe, Mejorada, Miguel Esteban, Mocejón, Mohedas de la Jara, Mora, Navahermosa, Navalcán, Noez, Ocaña, Quismondo, Recas, San Román de los Montes, Santa Cruz de Retamar, Santo Domingo-Caudilla, Segurilla, Sevilleja de la Jara, Turleque, Villafranca de los Caballeros, Villarejo de Montalbán, Yepes y Yunclillos.

Cartel de entrada al pueblo, que no incluye la apostilla 'del Caudillo'

Cartel de entrada al pueblo, que no incluye la apostilla 'del Caudillo'

En la provincia de Albacete la misiva se ha enviado a la capital provincial y a las corporaciones locales de Balsa de Ves, Casas de Lázaro, Chinchilla de Monte-Aragón, Elche de la Sierra, Golosalvo, La Roda, Munera, Villaverde de Guadalimar y Yeste. En la provincia de Ciudad Real, el listado incluye a Cabezarrubias del Puerto, Carrizosa, Cortijos, Fuente el Fresno, Malagón, Porzuna, Pozuelo de Calatrava, Retuerta de Bullaque, San Lorenzo de Calatrava, Socuéllamos, Villarta de San Juan y Llanos del Caudillo.

Finalmente, en la provincia de Guadalajara, los ayuntamientos referidos son los de Alcolea del Pinar, Almonacid de Zorita, Anguita, Aranzueque, Casa de Uceda, Castejón de Henares, Corduente, Fuentelencina, Gajanejos, Huérmeces del Cerro, Hueva, Loranca de Tajuña, Mazuecos, Mudex, Pareja, Peñalver, Tamajón, Torija y Zaorejas.

En los casos de Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), sus corporaciones locales ya recibieron hace dos años una denuncia del abogado Eduardo Ranz dentro de una comunicación que envió a varios pueblos españoles por mantener en la denominación de sus municipios nombres franquistas. El letrado argumentó que las menciones al dictador o a protagonistas de su régimen vulneran la Ley de Memoria Histórica, como “mayor exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”.

En Llanos del Caudillo, su alcalde, Andrés Antonio Arroyo (PP), explicó que el cambio de la denominación del pueblo ya fue abordado en 2004 por el anterior regidor, del PSOE, y que un 70% de los habitantes se mostraron contrarios al cambio. En cuanto al otro pueblo, la alcaldesa de Alberche del Caudillo, Ana Rivelles, también del PP, dijo no entender denuncia del abogado y que "se tienen que olvidar todo tipo de rencillas del pasado”.

El mismo abogado inició también hace dos años una tanda de derechos de petición a decenas de ayuntamientos las cinco provincias, para que elaboraran un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista y que retiraran cualquier simbología del régimen dictatorial y de su represión.

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