Sin noticias del nuevo Hospital de Toledo seis meses después
A pesar de que la Junta de Comunidades viene anunciando periódicamente la “inminencia” de la licitación de la reanudación de las obras del Hospital Universitario de Toledo, paralizadas desde enero de 2012, lo cierto es que no hay indicios de que esto se vaya a producir, justo cuando se cumplen seis meses desde que finalizase el plazo de alegaciones al Anteproyecto del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT) y a su Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de la Junta de Comunidades sometió ambos documentos al trámite de información pública por tratarse de una condición exigida en la normativa de contratación pública antes de licitar la obra de finalización del nuevo Hospital, así como su dotación de equipamiento y la gestión de sus servicios, junto con los de los Hospitales de Parapléjicos, Provincial y Virgen del Valle, que se entregarían al concesionario.
Fueron numerosas las alegaciones presentadas por el Colegio de Médicos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, sindicatos y partidos políticos pero ninguna de estas entidades ha recibido formalmente contestación.
Hay quien achaca la tardanza en la nueva licitación al interés en adaptar la reanudación efectiva de la obra a tiempos políticos más favorables y cercanos a las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2015, sin embargo otras fuentes apuntan a que el departamento del consejero Echániz mantiene múltiples contactos con empresas interesadas en la concesión, ya que se estaría replanteando la fórmula de financiación inicialmente prevista, al objeto de evitar que la Junta quedara lastrada contablemente por el endeudamiento asociado al proyecto.
En el citado Estudio económico-financiero se recogía que la inversión ya realizada en el Hospital Universitario de Toledo era de 122.897.711 euros y se cuantificaba la inversión pendiente en 176.172.967 euros de obra y otros 37.323.141,57 euros en equipamiento, mobiliario, subestación eléctrica, etc. Es decir en total 213.496.109,17 euros más IVA, y ello tras recortar el proyecto inicial en una tercera parte.
Se preveía que el adjudicatario de la concesión de obra y gestión de los servicios tendría a su disposición los contratos de financiación suscritos por la empresa pública de la Junta, GICAMAN, con entidades financieras por importe de 170.563.513 euros. Por lo tanto debería aportar la financiación para el resto y asumir el coste financiero de los préstamos concertados por GICAMAN. Eso sí, se trata de un “riesgo” controlado porque tendría a su disposición un canon anual de unos 58 millones abonado por la Junta durante la obra y la explotación posterior para retribuir los servicios, los costes financieros, la amortización de la inversión y su beneficio, a lo que habría que añadir los resultados de la explotación comercial de algunos servicios, tales como aparcamiento, expendedoras, uso de TV, cafetería, guardería, locales...
Pero si finalmente se pretende evitar que compute la deuda en la contabilidad de la Junta será la empresa o empresas adjudicatarias las que deban asumir la inversión en su totalidad, con el apoyo financiero que consigan y eso a buen seguro haría que el canon anual de dinero público aumentase, pero se trata del sobrecoste de “maquillar” las cuentas. Parece que ya habría incluso alguna empresa interesada en esta posibilidad, y en todo caso la decisión no se puede demorar mucho más, aunque la reanudación efectiva de las obras será ya una “foto” de precampaña electoral.
