Los derechos sanitarios que se demandan hacen a los ciudadanos libres

Existen momentos en las vidas de las personas en los que por causas diversas suceden desequilibrios en el bienestar. En ellos, se llega a hacer necesario solicitar ayuda a personal cualificado: los profesionales sanitarios. Es entonces cuando se produce la transmutación de persona a paciente.

Paciente es quien sufre; y también quien espera. Curioso es que en la edad oscura se empleaba el término “paciente” para designar a personas del pueblo llano, súbditos en toda regla, que esperaban a ser llevados al cadalso para ser ajusticiados en público a base de suplicios y así aleccionar también al resto de “pecadores”.

Los pacientes, ahora, también son aquellas personas que esperan a ser llamadas para poder ser asesoradas por un profesional de la salud. Sufrientes y con los mecanismos de defensa maltrechos, comienzan un camino que, a pesar de ser propio, no siempre pueden elegir su dirección.

La posesión del conocimiento especializado postula a estos expertos como “todopoderosos”. Pero si además la parte doliente permanece pasiva (sin preguntar, sin demandar información, sin expresar sus opiniones) se configura una relación desigual y paternalista. En resumen, y hablando en plata, se comienza una relación de carácter vertical en la cual un agente ostenta el poder y el otro, por la cuenta que le trae, no puede hacer otra cosa que aceptar y dejarse llevar. Y esto, así con estas palabras, es la relación terapéutica.

Tras el régimen franquista, aunque las escuelas y facultades en su mayoría seguían empeñadas en mantener la batuta de ese sistema experto con tintes de romanticismo por lo que de ayuda al prójimo desvalido se refiere, la Ley General de Sanidad de 1986 comienza a esbozar un nuevo contexto: el primer reconocimiento de derechos y deberes sanitarios de los usuarios del Sistema Público de Salud. Pero aun así, siguen siendo pacientes.

Esta ley en cierta medida inspiró los principios del “Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina”. Este convenio, suscrito por España y en vigor desde el año 2000, abordó de una forma más amplia y específica los derechos ciudadanos individuales frente a las actuaciones de la biología y la medicina. Sus exigencias normativas dieron lugar a la conocida como Ley de autonomía del paciente del año 2002. En ella se hacen explícitos esos derechos con el fin de hacer a la persona enferma más ciudadana; horizontalizar las relaciones terepéuticas: derecho a la autonomía, a la información clínica, al consentimiento informado, a la intimidad y confidencialidad, a decidir y ser respetado por ello, y a ser tenidos en cuenta valores y deseos en momentos en los que no se puede comunicar. Pero aun así, se sigue siendo paciente.

En ese camino conjunto, entre persona enferma y profesional sanitario, se dió lugar a las leyes de voluntades anticipadas autonómicas (2005-2006) y, más recientemente, a las de derechos y garantías en el proceso de morir de Andalucía, Aragón y Navarra. Pero a pesar de todo, seguimos siendo pacientes.

Y ahí se quedó el camino; juntos pero no revueltos. Con un anteproyecto de ley de muerte digna en el tintero del 2011 eclipsado por otros asuntos que preocupaban más a la ciudadanía (o mejor dicho a los gobernantes). Pacientes cómo o más que Job.

Porque el camino del malestar, acompañado a la par por un profesional de la salud, es siempre más llevadero. Porque es un camino conjunto en el que unos aprenden de otros de forma recíproca y sinérgica; hasta que el tándem está tan afianzado que llega un momento en el que las miradas dejan a las palabras vacías. Esa es la verdadera relación terapéutica: la que camina al mismo paso, ausente de clientelismos, la que comprende y respeta, la que alivia el malestar; en la que se ejercen los derechos ya reconocidos en las leyes y se pasa, a ojos del profesional sanitario, de paciente a persona.

¿Un último paso? Una máxima, un toque de atención a todos, ciegos y lazarillos, ciudadanos, personas ante todo, que de una vez por todas sean dueños de su propio destino. Porque no hay libertad mayor que la de poder decidir sobre el propio cuerpo y la vida.

Una ley efectiva de muerte digna que deje de permitir que las personas, ante los profesionales sanitarios, sean pacientes y pasen a ser ciudadanos libres de cualquier angustia.

Porque ¿qué es preferible: seguir siendo paciente o persona ante todo?