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Me confieso, pero no culpable. Yo solo quiero mi pueblo limpio y vivo

"No nos cansaremos de hablar con los datos en la mano y señalar también que las macrogranjas no generan empleo, ni fijan población"

Facebook Pueblos Vivos Cuenca

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A los responsables de ASAJA Cuenca: 

¡Hola! Me llamo María, Juan, Carlos, Pepa, Carmen, Milagros, Daniel, Ana, Rodrigo, Remedios, Dolores, Alberto, Felipe... y formo parte de Pueblos Vivos Cuenca, una plataforma compuesta por más de una veintena de agrupaciones locales de la provincia de Cuenca, personas a título individual, y por Ecologistas en Acción. Y sí, nos confesamos inocentes, ya que entendemos que no se comete ningún delito cuando se vela por el cuidado del medio ambiente de nuestros pueblos, de nuestra provincia; por defender el derecho a respirar un aire limpio, sin malos olores, a no tener las aguas contaminadas y a tener un mundo rural vivo.

Aclaramos también que somos mujeres y hombres, de edades diversas, que tenemos nuestra formación, nuestros respectivos trabajos y que dedicamos nuestro tiempo libre -por cierto, no subvencionado- a recabar datos, a reclamar y a defender a esta tierra, que es la de todos.

Una vez más, repetimos que no estamos en contra de la ganadería, estamos en contra del modelo de ganadería que se ha instaurado en la provincia, la ganadería industrial. No la llamamos ganadería industrial por desconocimiento, sino porque también son intensivas (según Decreto 69/2018, de 2 de Octubre) las granjas de nuestros abuelos y padres, esas que están desapareciendo y que sí ayudan a plantar cara a la despoblación.

Decimos “industrial” porque son instalaciones altamente tecnificadas que buscan producir el máximo en el menor tiempo posible. Y a veces también las llamamos Macrogranjas, pero no de forma peyorativa, sino de forma descriptiva, ya que según la RAE, el prefijo macro- significa “grande”. Es decir, macrogranja viene a significar “granja grande”. Aclaramos que estamos en contra de que se instalen y se concentren macrogranjas en pueblos cercanos o incluso en el mismo pueblo. Y es ahí donde radica el problema. El grave impacto que provoca la suma de todas, es un impacto irreversible.

No nos cansaremos de hablar con los datos en la mano y señalar también que las macrogranjas no generan empleo, ni fijan población. Si no, ¿cómo se explica que la provincia de Cuenca, según datos del INE desde el año 2012 (218.036) hasta el 2018 (197.222) haya perdido cerca de 21.000 habitantes? De hecho, no hay ningún pueblo de la provincia que haya incrementado el censo de habitantes teniendo una macrogranja o varias macrogranjas en su término municipal.

Además, en esa destrucción de empleo se incluye también el de los pequeños ganaderos del sector. En los últimos doce años, se han cerrado cerca de un 47% en el caso de las explotaciones reducidas, un 25%, las de grupo 1, que son las que tradicionalmente han centrado la actividad ganadera familiar. Mientras que las del grupo 3 se han incrementado más de un 50%, las que tienen una capacidad entre 3.000 y 7.200 cerdos de engorde. Pero no somos ingenuos, sabemos que este sector sí genera beneficios, solo que dichos beneficios recaen en unos pocos, es decir, en las integradoras: 86 millones de euros facturó ICPOR el año pasado y 742 millones de euros INCARLOPSA.

Desgraciadamente, sí sabemos en carne propia lo difícil que es emprender un negocio en municipios pertenecientes a la denominada España vaciada, negocios que, precisamente, se ven amenazados, y por ello no vamos a consentir que se implanten macrogranjas porcinas, ya que supone un hecho más que empuja a las y los vecinos de nuestros pueblos a emigrar.

Este tipo de explotaciones, necesitan ingentes cantidades de agua. Para que nos hagamos una idea, “diez cerdos consumen tanta agua como una persona”. En un año cada cerdo consume más de 5.000 litros de agua, y aunque parece una cifra pequeña, si se tiene en cuenta que el número de cerdos criados en España fue de casi 31 millones, este consumo de agua equivaldría a necesitar unos 155 hm3 al año, o lo que es lo mismo, 155.000.000.000 litros, el equivalente a casi ocho meses de trasvases en situación hidrológica excepcional o nivel tres, con un máximo trasvasable al mes, de 20 hm3. Pero casi nadie habla de los trasvases a las macrogranjas, pues, como acabamos de ver, este tipo de industria también está poniendo en riesgo tanto el abastecimiento de la población como la calidad del agua en algunos municipios.

Este tipo de explotaciones intensivas generan más 2,15 m3 de purines por cerdo y año, lo que equivale a unas 26.660 piscinas olímpicas en España. Y precisamente no son abono para el campo como dicen por ahí, sino residuos que son mezcla de los excrementos sólidos y líquidos del ganado, mezclados con aguas residuales procedentes del lavado de la explotación y de los restos de alimentos de los cerdos, y por eso están líquidos. Es decir, son residuos altamente tóxicos.

Además, la Unión Europea ha obligado a los países miembros a un cambio de normativa sobre los efluyentes de granjas prohibiendo su aplicación en plato o abanico, pero el gobierno de la región prorrogó la implementación. Como vemos, cuando se quiere, se aprueban moratorias, pero en este caso para aplazar el cumplimiento de la ley.

El problema medioambiental y de salud pública no se reduce a lo expuesto, sino también procede de las grandes cantidades de amoníaco que generan las macrogranjas. Un año más, España ha vuelto a vulnerar los límites de emisión de amoniaco. Según el análisis de la Comisión Europea, el 96% de las emisiones españolas de amoniaco provienen del sector agrario. El amoniaco contribuye al cambio climático, al transformarse en óxido nitroso, un potente GEI.

También, mediante reacciones químicas, el amoniaco acidifica el suelo, con consecuencias en la calidad del agua y cultivos. Y también tiene graves repercusiones sobre la salud de las personas. Según establece la OMS, las moléculas del amoníaco penetran en el sistema respiratorio, causando enfermedades como la bronquitis, y más recientemente se han analizado y demostrado sus efectos sobre dolencias de tipo cardiovascular.

A pesar de todos los datos, parece que desde algunas asociaciones se sigue negando el impacto de las macrogranjas en la salud pública, por lo que sigue siendo necesario aclarar que no es cierto que no existen estudios en torno a los problemas de salud relacionados con la cercanía a las granjas de cerdos. Les emplazamos desde aquí a que lean el Informe elaborado por la Dra. Ángela Prado Mira, Médico Intensivista del Hospital General de Albacete, en el que detalla que la instalación de naves para cría intensiva de porcino tiene también “riesgos para la salud pública”.

Habría que hablar también de que es el sector porcino el que ha sido subvencionado. El Gobierno regional optó por incluir la ganadería intensiva en los planes de ayuda para la modernización de estructuras agrarias, declarando “Sectores estratégicos: … porcino de engorde y avicultura de carne.” Lo que ha dado lugar a que en Cuenca hayamos pasado de 245.325 cerdos en el año 2017 a 539.779 cerdos en este año 2019; un incremento del 120 % en tan solo dos años. Esta decisión provocó que de media docena de proyectos al año, se pasase a cerca de un centenar. Mientras tanto, el resto de países de la Unión Europea, subvencionan para reducir el número de explotaciones porcinas. Por algo será.

Por último, se menciona siempre la normativa “restrictiva” que dicen que tenemos en esta región. Según un decreto aprobado en 2018 se amplió a 2 Km la distancia mínima para instalar una explotación porcina, pero para las nuevas o para las que se solicite la ampliación después de la publicación del Decreto, no para las que se hayan solicitado antes. ¿A esto se le llama normativa restrictiva?

Recordemos que antes de la actual Ley de Evaluación Ambiental, el límite para tener que someterse a Estudio de Impacto Ambiental era 400 plazas de cerdos, y hoy en día son 2.000, por tanto, la evolución de la legislación ha sido cada vez hacia una normativa más laxa, no cada vez más exigente como dicen.

Además, el hecho de que se necesiten más de 2.000 plazas de cerdos para que sea exigible un estudio de impacto ambiental, hace que en la práctica se esté considerando que con menos de 2.000 plazas no haya impacto en el medio natural, algo que es muy cuestionable. Por ejemplo, podría darse el caso de muchas granjas de 2.000 plazas en una comarca, que tendrían efectos acumulativos sobre el suelo y las aguas.

Esto ha supuesto una puerta de atrás con la que los promotores de proyectos han logrado eludir la ley, ya que una vez instalada la granja de menos de 2.000 cerdos solicitan una ampliación, y nos estamos encontrando que en la mayoría de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) o en las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) dicen que las modificaciones son “NO SUSTANCIALES”, por lo que consiguen autorizaciones que no tendrían si el proyecto fuese desde el principio con los animales que quieren explotar en realidad.

Citaremos varios ejemplos donde se otorgan las DIA a proyectos con las siguientes características:

  • Proyectos que no presentan ni el plan de gestión de purines, ni aun cuando el proyecto está en zona vulnerable a la contaminación de aguas subterráneas por nitratos. Ver ejemplo.
  • Proyectos en los que la superficie construida supera el índice de ocupación: a día de hoy se establece en un 10 %. Normativa que quieren modificar para que sea un 20%.Ver ejemplo.
  • Proyectos que permiten construir explotaciones en suelo rústico de reserva, prohibido según el artículo 11 del Decreto 242/2004, de 27 julio. Ver ejemplo.
  • Proyectos que no cumplen el Real Decreto 3/2002 de 11 de Enero por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, ni el de  la ordenación de avicultura (RD 1084/2005 de 16 de septiembre), ni el RD 324/2000, de 3 de marzo por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, ni las normas de bienestar animal europeas. Ver ejemplo.
  • Cuando los proyectos incluyen la instalación de calderas, dicen que no se producen consecuencias significativas en el medio ambiente, ni un aumento significativo en las emisiones a la atmósfera. Ver ejemplo.
  • Aumento sustancial de la cabaña ganadera, y paralelamente se argumenta que no se produce ningún aumento en los consumos de recursos, en la producción de residuos, en las emisiones de contaminantes atmosféricos… Ver ejemplo.
  • Explotaciones que no cumplen criterios exigidos básicos, como por ejemplo la presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio cuando el proyecto está en zona protegida (red natura o zona ZEPA). Ver ejemplo.
  • Proyectos a los que se les autoriza la instalación con un número determinado de naves y cabezas, y que con el paso del tiempo han ido construyendo nuevas naves o ampliando la cabaña, y estaban sin regularizar. Ver ejemplo.
  • Y en general proyectos incompletos, imprecisos y con falta de rigor: hemos visto planos que señalan distancias a zonas urbanas indicando medidas que no son reales, cálculos mal realizados tanto de la capacidad de las balsas de purines, como de la producción de cerdos esperada, e incluso proyectos donde se equivocan en qué provincia se emplazará la instalación ganadera.

Como ciudadanas y ciudadanos, nos preguntamos: ¿la Administración de Castila-La Mancha, comprueba de oficio en algún momento la información que pone el promotor en sus solicitudes? Desde nuestra experiencia no podemos responder de manera afirmativa. Son precisamente estas deficiencias e irregularidades las que venimos denunciando tanto las asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas, como las entidades ecologistas.

Lo hacemos mediante los humildes medios con los que contamos: recogida de firmas, alegaciones, denuncias administrativas... las cuales suelen tener poca o nula eficacia porque las administraciones (locales y regionales) archivan o minimizan los expedientes sancionadores o hacen declaraciones alabando las falsas bondades del sector y llevan a los vecinos por su dejación de funciones a procesos judiciales largos y costosos.

Eso sí, en todos los casos en los que nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales, los jueces nos han dado la razón, como en las localidades de Huerta de la Obispalía y Cañete, desmintiendo la afirmación de ASAJA de que los promotores de las granjas estén “siempre cumpliendo cada una sus leyes sectoriales”.

Mientras tanto, yo también me confieso, solo que soy inocente, ya que únicamente quiero mi pueblo limpio y vivo.

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