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Un transporte público para una Cuenca sostenible

Transporte público

Javier Magán

Consejo Ciudadano de Podemos Cuenca —

Si reflexionamos sobre el transporte urbano de Cuenca nos encontraremos con innumerables problemas debidos a la ineptitud política de los últimos años, pues depende de la voluntad, y no de otro factor, que nuestra ciudad cuente con un servicio público sostenible y de calidad.

Seguramente haya conquenses que estén viviendo la situación de agravio en la gestión del transporte urbano como algo nuevo, pero lo cierto es que estas prácticas son un proceso de desmantelamiento del servicio de autobús en una cadena de concesiones e incrementos de deuda que seguramente culmine, si no le ponemos remedio, con el fin de la casi totalidad de líneas de autobús y más de la mitad de la plantilla de trabajadores en el paro, o con el incremento del precio del billete y esperas de largas horas. El proceso de desmantelamiento del servicio de transporte urbano, iniciado por incompetencia o por la aplicación de la ideología neoliberal, tiene en la externalización la principal herramienta de usurpación de lo público en favor de la gestión privada.

Tanto el PP como el PSOE han sido autores y cómplices de este proceso, donde hemos visto despidos de trabajadores, recortes de líneas, esperas de más de dos horas, subidas de precios, incremento en la deuda y hasta tres cambios en la concesión pública del servicio. Todo ello, como sabrán y habrán sufrido, para perjuicio de la gente, de vecinas y vecinos. La mala gestión del servicio de autobús tiene tres ítems claros.

Por un lado la externalización del servicio, la cual ha ido turnándose como bola de fuego en manos políticas. Una concesión que en los últimos años ha sido conducida por la empresa Alsina y la empresa Rodríguez, que partían el servicio haciéndose cargo cada una de autobuses y trabajadores, su posterior unión en ‘Alsina & Rodríguez’ y su posterior cambio de nombre a Alsina, sumaban hace veinte años más de 4 millones de euros de deuda.

Después pasó a ser gestionada por la empresa gallega Monbus quien absorbió a la empresa Alsina Rodriguez SA y con ella la deuda, derivando en juicios, impagos a los trabajadores, huelgas en el servicio y esperas de largas horas. Para terminar, la concesión pasó a estar en manos de las empresas Rubiocar, Herranz y Fernanbus, formalizando la UTE, Líneas Urbanas Conquenses (LUC), cambiando el color de los autobuses del ocre al rojo, recobrando la normalidad en el pago de nóminas y recientemente, incrementando la deuda mantenida con Monbus (5,2 millones de euros) en más de medio millón de euros por exceso de kilometraje.

La concesión nos cuesta 450000 €/año y nos acarrea una deuda de 6 millones de euros. Por otro lado, la deficiencia del servicio, debida principalmente a la pésima planificación de frecuencias y recorridos, llevando a las vecinas y vecinos a incrementar el uso del coche al no poder esperar una o dos horas en algunos barrios de la ciudad, y a reducir el beneficio del servicio, llegando a ser deficitario. Junto a la planificación, la deficiencia medioambiental es clara, con un parque de vehículos de más de una década, utilizando el gasóleo como carburante y con ningún plan ecológico que atienda a las emisiones de CO2, perjudicando gravemente el clima de nuestra ciudad y las fachadas de los edificios.

Finalmente, la incapacidad política para llevar a cabo en Cuenca un transporte urbano de calidad, al servicio de los conquenses. El proceso de desmantelamiento continúa y vivimos en estos meses la consecución del recorte con unas noticias descorazonadoras.

En un principio se anunciaba la reducción del servicio eliminando un autobús de la línea 6/7 aumentando la espera a una hora, la eliminación de la línea 1 que une el Casco Antiguo y el centro comercial El Mirador y el despido de mínimo cinco trabajadores, tratando de mantenerlos con la incorporación del tren turístico (actualmente propiedad de la empresa Coprosol), aunque al tratarse de un servicio dependiente de las estaciones y del turismo, no podría ser ni un sustitutivo de la línea 1, ni un seguro para esos puestos de trabajo eliminados de los autobuses, ni un vehículo de uso para vecinos.

Poco después, se cambia la versión y se anuncia una reducción de seis a cuatro líneas (Mirador-Castillo, Mirador-Universidad, Tiradores-Fuente del Oro, AVE-Castillo), manteniendo la línea 1 a costa de la actual línea 12 (AVE), comunicando de esta forma la estación con el Casco Antiguo, con autobuses más pequeños debido a las calles del casco, con mayor tiempo de espera (30 minutos) y con menor espacio para los viajeros que transporten maletas. Se reducen también los recorridos y las paradas, eliminando el transporte para el barrio de Las Cañadillas y reduciéndolo a menos de la mitad para el de la Fuente del Oro. Se elimina la línea 3 y se camufla el tren turístico en una nueva línea desde el Auditorio al Castillo; un abandono de los residentes en las pedanías y una estafa a los que residen en la capital.

Un total despropósito organizativo que evidencia el paulatino desmantelamiento de lo público. Para el equipo de gobierno actual, los problemas del servicio urbano sólo pueden solucionarse incrementando el precio del billete o reduciendo líneas. Las voces de los vecinos de barrios como el Casco Antiguo o Fuente del Oro son ignoradas. Frente a la externalización, la deficiencia y la incapacidad, es fácil imaginarse la solución. La remunicipalización del servicio y la creación de una EMT debe ser prioritario, ya que las concesiones sólo han acarreado un incipiente incremento en la deuda año a año debido al kilometraje y dificultades en el trato a los trabajadores que, al igual que los ciudadanos, han visto con preocupación cómo sus puestos de trabajo iban y venían de unas manos a otras.

Que los autobuses sean públicos debe ser una máxima para garantizar un servicio de calidad, así como una estabilidad para los trabajadores, un menor coste en el servicio y en su mantenimiento. Frente a la multiplicación de la deuda, auditoría ciudadana de la deuda y EMT.

La reducción de las frecuencias a los 15 minutos como máximo debería ser otra máxima para un transporte eficiente y de calidad, lográndose con el fomento de trasbordos y no con líneas eternas que unan dos puntas de la ciudad. Debemos generar, acompañado de una reorganización urbana sostenible, un polo central en nuestra ciudad que articule varias líneas. Líneas que unan barrios como Tiradores y Fuente del Oro son absurdas, ya que los tiempos de espera son excesivos y fomentan el uso del vehículo privado.

La reducción de paradas infrautilizadas y la equidad entre barrios debe ser la forma de articular unos kilometrajes ajustados. Debemos mantener recorridos tales como el de las calles San Cosme y San Damián pero simplificar paradas como las de la avenida San Julián y Los Alfares, e incluso, incorporar una línea circular como ya sucede en otras ciudades. Además, debemos tener en cuenta cuestiones de sostenibilidad. Renovar los autocares por unos de tamaño más reducido y menos contaminantes, bajos en emisiones o eléctricos. Por último, y más sencillo, una atención a la gente debe ser clave para entender qué clase de servicio necesita. Es cuestión de voluntad política, de escuchar a los vecinos, de no mantener redes de intereses con algunos actores sociales, de pensar en el futuro y no de salvar una legislatura. Voluntad, voluntad y voluntad.

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