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La universidad imprescindible
Castilla-La Mancha ocupa el último lugar de España en cuanto al número de personas con estudios de tercer grado, es decir, universitarios. Lo dice el INE, que en su último Censo de Población y Vivienda, hecho público hace unas semanas y que recoge datos de 2011, señala que el porcentaje de personas con estudios universitarios en nuestra región es del 11,8%.
No podemos negar que ha habido una evolución, como en el resto de comunidades autónomas, pues en 2001, el porcentaje era del 7,9%, pero diez años después seguimos a la cola.
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha librado en los últimos compases de 2013 una batalla con la Junta de Comunidades para conseguir la financiación que consideraban necesaria y que según el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, tenían prometida. Según señala la universidad en un comunicado, al final se ha conseguido aumentar de 103 millones de euros a 105,69, aunque la cifra queda lejos de los 120 millones que según el rector se necesitaban para garantizar el funcionamiento de la universidad este año. Según el comunicado, la Junta se compromete a garantizar esta financiación en el año 2015.
El acuerdo está ahí, aunque no es descabellado poner en duda el apoyo de este gobierno a la institución que garantiza el servicio público de la enseñanza superior en nuestra comunidad si nos fijamos en algunas cifras de la campaña #uclmimprescindible, impulsada por la propia universidad:
- Castilla-La Mancha es la segunda región que menor porcentaje del PIB destina a las universidades públicas, el 0,3%
- Castilla-La Mancha ha pasado de dedicar el 2,3% del gasto público a universidades a destinar el 1,6%, menos de la mitad que la media nacional
- La Junta redujo en un 45% la aportación a la UCLM, disminuyendo 89 millones de euros de financiación pública en dos años
- El Gobierno regional ha pasado de financiar 433 proyectos de investigación en 2010 a 170 en 2012
Pero el problema no es sólo de financiación de la universidad. Muchos estudiantes están teniendo ya problemas para pagar sus matrículas, otros reciben ayuda para pagarlas pero no la obtienen para la residencia, con lo que tampoco tienen fácil poder estudiar, todo ello producto de la modificación de las condiciones del Ministerio de Educación y Cultura para optar a las becas para poder cursar estudios universitarios.
Familias casi asfixiadas para poder pagar unas tasas cada vez más elevadas para que sus hijos vayan a la universidad, reducción de las becas, universidades con la financiación limitada... El panorama no pinta nada bien para que se pueda garantizar el acceso de la población al derecho a la educación y para que en nuestra comunidad se pueda seguir formando a profesionales cualificados que aporten valor añadido a una sociedad que lo necesita.
