¿Qué queda pendiente en la consolidación del rescate social y de la renta mínima?

En un año políticamente convulso en Castilla-La Mancha como el que está terminando, los avances sociales han sufrido las consecuencias directas de estos baches. En la hoja de ruta tanto del Gobierno regional, a través de la Consejería de Bienestar Social, como de Podemos, se mantenía a principios de año la “recuperación” de los recortes sociales llevados a cabo en la anterior legislatura como objetivo a corto plazo. Que los presupuestos se fueran a pique en abril debido a la anterior ruptura del acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos dejó estas intenciones en una parálisis que después se recuperó con un acuerdo presupuestario ‘in extremis’ y la entrada de la formación morada en la Junta el pasado mes de agosto.

Desde entonces, han comenzado a tomar forma todas las medidas estancadas en bienestar social: leyes, medidas y estrategias cuyos resultados, tal y como afirma el Gobierno, se reflejarán en 2018  y que pasan por reducir la pobreza, aumentar la renta mínima, mejorar la situación de la personas con discapacidad, desarrollar el cuerpo legislativo para la infancia, coordinar las acciones con el Tercer Sector para cooperación al desarrollo y reforzar los servicios sociales, entre otras muchas. Es decir, consolidar el rescate social.

Pese a que tampoco las cifras de pobreza en la región han sido muy halagüeñas (casi un 37% de la población está en riesgo de pobreza, según EAPN) el balance que realiza la Consejería de Bienestar Social es positivo. En primer lugar, dentro de la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad se ha presupuestado un montante global de 1.000 millones de euros para el periodo 2017-2020, que puede beneficiar a más de 50.000 ciudadanos. Desde su puesta en marcha en 2016, se han concedido un total de 13.676 ayudas contra la pobreza energética, 766 paralizaciones de corte de suministro y 106 reposiciones de servicio, dentro de una de las medidas ‘estrella’ del departamento que dirige Aurelia Sánchez.

Dentro de esta Estrategia se encuentra el Plan de Garantías Ciudadanas elaborado y gestionado por Podemos. No depende de la Consejería, sino de la Vicepresidencia Primera y de la consejera Inmaculada Herranz, pero forma parte de ese mismo objetivo. En el mismo se incluyen todas las políticas de rescate habitacional (antidesahucios) y contra la pobreza energética, y el objetivo final también es que se convierta en ley. Gracias a este proyecto el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) alcanzará el año que viene una media de 500 euros mensuales y llegará a 4.500 familias. Las ayudas también podrán renovarse más de 24 meses y se elimina la interrupción de tres meses en el cobro anual.

La normativa social de esta legislatura alcanzará su “alma” -en palabras de Emiliano García-Page- con la aprobación en 2018 de la Ley de Apoyo Garantizado a Personas con Discapacidad, una de las más ambiciosas de este área. Permitirá la creación de un plan de futuro personalizado para este colectivo dándoles la oportunidad de planificar su vida conforme a sus gustos y preferencias. Se trata de una petición histórica de las fundaciones tutelares de la comunidad autónoma, que han participado activamente en la redacción del anteproyecto.

En el área de discapacidad también se han puesto en marcha nuevas viviendas personalizadas y accesibles, se ha ejecutado un nuevo sistema de pagos mensuales a entidades públicas que componen el movimiento asociativo, y nuevos recursos de Atención Temprana.

Tercer Sector y Cooperación al Desarrollo

La Ley del Tercer Sector también está pendiente para el año que viene. Busca regular el “concierto social” con este conjunto de organizaciones de forma que se apuntalen las medidas enmarcadas en la solidaridad. Previsiblemente, convertirá a la Castilla-La Mancha en la segunda en contar con un marco normativo propio para este ámbito de actividad, ya que en este momento sólo Euskadi tiene aprobada su propia ley territorial en este sentido. Además la Consejería ha anunciado una Estrategia de Cooperación al Desarrollo y se dedicarán 100.000 euros más de presupuesto a estas políticas.

Pero en este caso, la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha ha sido muy crítica al respecto y considera que los deberes no están hechos en la materia de solidaridad. Piden al Gobierno regional, y más concretamente a PSOE y Podemos, que tal y como se comprometieron en sus programas electorales eleven la partida destinada a cooperación del 0,03% actual al 0,2% prometido para 2018. Consideran que unas vez transcurrida más de la mitad de la legislatura, “la recuperación ha sido ínfima y a este ritmo se tardaría casi 300 años en alcanzar la meta comprometida”.

En otro orden de cosas, también en el plan concertado de servicios sociales, que la Junta puso en marcha para facilitar a los ayuntamientos la prestación de servicios sociales es otro de los logros obtenidos. Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha así lo han manifestado en varias ocasiones. Con motivo del final de este ejercicio, siguen apoyando los pasos dados en reforzar la atención primaria con más profesionales, con la aparición de los equipos de inclusión, y con la concertación única que da “más seguridad jurídica y financiera a las entidades prestadoras”. También valoran la colaboración entre la administración, universidades y colegios profesionales.

Hablan los trabajadores sociales

Pero, ¿qué se podría mejorar? Los trabajadores sociales consideran que hay que consolidar los equipos profesionales y las prestaciones ante el “miedo” de que desaparezcan las fuentes de financiación debido a otro cambio de gobierno. Opinan asimismo que es necesario dar “visibilidad” a este gremio en el ámbito de la Justicia y siguen echando en falta un plan de emergencias donde tengan presencia, con convenios similares a los de Aragón, Madrid y Catalunya.

“Es necesario ir caminando hacia una mayor integración de los recursos y prestaciones tanto de la administración pública como del tercer sector. Se hace necesario vincular los recursos de empleo, vivienda, salud, con las prestaciones de servicios sociales, ya que en muchos aspectos siguen funcionando como compartimentos estancos. La experiencia que hemos tenido en los planes extraordinarios de empleo donde los servicios sociales han tenido capacidad de incorporar a personas, no debería ser la excepción sino la regla”, afirman desde el Colegio de Trabajo Social.

Quieren así potenciar la dinamización comunitaria, “verdadero motor vertebrador de la participación y que contribuye a no dejar atrás al mundo rural”. E igualmente subrayan que los recursos para los menores y jóvenes aún se quedan cortos, y son esenciales, máxime “cuando todos los estudios nos indican que las mayores tasas de pobreza se dan en la población infantil”.

Finalmente, y dentro de este balance social, en cuanto a familias y menores, durante 2017 se ha puesto en marcha el Plan Cuida (con 1.411 familias beneficiarias), el Programa #TúCuentas contra el acoso  y el Programa ‘Aprender juntos, crecer en familia’ en el que actualmente participan 38 familias. También se ha creado ya el grupo de trabajo para diseñar la nueva Ley de Infancia y Familia, otro objetivo normativo de la legislatura. Mientras, en políticas destinadas a personas mayores, el Gobierno destaca el aumento de socios en la Red de Centros, el Programa ‘Ningún mayor solo en Navidad’ y el haber duplicado el número de estancias temporales, que ya llegan a los 80.000.