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Los pliegos del ATC salen a concurso sin contar todavía con las autorizaciones previas

Enresa tampoco ha respondido a las alegaciones presentadas por ciudadanos, partidos políticos y movimientos sociales, que acumularon alrededor de 2.600 documentos.

Movimientos ecologistas siguen pronunciándose en contra de la decisión de asentar el proyecto en la localidad conquense de Villar de Cañas.

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Obras ATC. Foto: Enresa

Foto: Enresa

En la última visita oficial de María Dolores de Cospedal y su equipo a las obras del laboratorio y el vivero de empresas asociados al Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad (ATC), la Plataforma en Contra del Cementerio Nuclear y el PSOE de Cuenca criticaron que se presentase como un proyecto avanzado cuando las citadas instalaciones no forman parte estricta del ATC y éste continúa tramitando sus autorizaciones ante el Ministerio de Industria y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

A 4 de septiembre, la Empresa Nacional de Residuos, Enresa, ha aprobado los pliegos para sacar a concurso la ‘obra civil principal’ del ATC, mientras las autorizaciones necesarias siguen sin concretarse, por lo que una eventual decisión negativa obligaría a indemnizar al adjudicatario con hasta un 6 % del presupuesto de licitación, tal como regula la normativa de contratos del sector público.

Los datos publicados por la empresa apuntan a un presupuesto máximo de licitación de 217'7 millones de euros, con un plazo para presentar ofertas hasta el 27 de octubre de este año. No sólo la ‘obra civil principal’ entra dentro del concurso, sino también las instalaciones auxiliares necesarias para el proyecto, con excepción del edificio de oficinas. Entre ellas se cuentan la recepción de residuos, los módulos de almacenamiento, el laboratorio de combustible gastado y residuos radioactivos, entre muchas otras.

La duración de la obra principal se ha planteado por una duración aproximada de 58 meses desde que se firma el acta de inicio y comprobación del replanteo, siempre que se obtenga la licencia municipal de obras y la Autorización previa y de construcción del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El CSN, órgano regulador encargado de la supervisión de este tipo de instalaciones, adjudicó a finales de julio la contratación de una asesoría externa para evaluar la idoneidad del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado, con una labor prevista para un año. Sin embargo, Enresa prevé según una nota de prensa que la formalización del contrato del ATC se realizará el 1 de febrero de 2015, es decir apenas 7 meses desde que se adjudicase la realización de los estudios necesarios para la “evaluación e inspección de los estudios de emplazamiento de la Solicitud de Autorización Previa y de Construcción del ATC”.

Por su parte, organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o SEO/BirdLife han criticado el anuncio de Enresa, pidiendo diálogo con la ciudadanía a lo largo del proceso, ya que las alrededor de 2.600 alegaciones presentadas tampoco han recibido respuesta por parte de Enresa. Estas decisiones, según ha declarado Paco Castejón de Ecologistas en Acción a Europa Press, son el “cúmulo de desatinos” que han marcado el proyecto entero del “Cementerio Nuclear”, y persiste en afirmar que la elección de Villar de Cañas como emplazamiento del ATC se debe a “motivaciones políticas” y no técnicas.

La Plataforma en Contra del Cementerio Nuclear viene denunciando que se ha creado una “red clientelar” alrededor del proyecto, formada por la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro por su participación en una de las empresas beneficiarias de adjudicaciones del ATC y el político “popular” Francisco Gil-Ortega, actual director de Enresa, y de la máxima confianza de Cospedal.

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