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Las políticas ambientales arrastran un recorte del 45% en relación a 2010

Neumáticos en Seseña

Francisca Bravo Miranda

“Muy preocupados por la situación ambiental” en la región se ha mostrado Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, tras hacer el primer balance general después de los incendios de Seseña y Chiloeches. La organización se ha personado ya de manera definitiva en la investigación del siniestro ocurrido en la provincia de Toledo, en el juzgado de Valdemoro, y está todavía a la espera de formalizar su participación en el caso de Chiloeches ante el Juzgado de Guadalajara.

El portavoz de la formación regional, Miguel Ángel Hernández, ha concedido que si bien existe una “serie de iniciativas” que se han ido tomando desde la Junta de Comunidades tras el cambio de Gobierno, también han detectado que las políticas medio ambientales son “ambivalentes” ya que no se ha reparado la “mala disposición de medios” para controlar el deterioro medioambiental.

“Creemos que en el fondo del problema está en que no se termina de interiorizar que se necesita una política de fondos. Cuando se suscribe el acuerdo de investidura, vimos que el medio ambiente se quedó descolgado, algo criticable que hicimos saber”, explicó Hernández. Ecologistas ha señalado que se han atendido cuestiones “urgentes” como el trasvase Tajo-Segura, la oposición al fracking, al ATC, así como los procesos de participación abiertos como el de la Ley de Caza. Sin embargo, puntualizan, son situaciones puntuales que había que afrontar.

Políticas de recortes que se mantienen

El principal problema, señalan, es la “degradación” de los presupuestos que mantienen su recorte en torno al 45%, en relación a lo que se destinaba en 2010, lo que conlleva menos recursos materiales y humanos. “Las políticas ambientales no dejan de ser menos importantes”, señalaba Hernández que recordaba también que en los Pactos por la Recuperación que se firman o en el último Debate de la Región las mismas han quedado “aparcadas y minusvaloradas”.

Los recortes y la falta de atención, aseguran desde Ecologistas, no sólo perjudican al medio ambiente, sino también al desarrollo de la región. Por esto, abogan por afrontar el cambio de modelo energético, el de la gestión del agua, y por implementar iniciativas que no se desarrollan y que “cortan las alas”. Esto, afirman, “no lo ha entendido ni Podemos ni PSOE”. Carlos Villeta, el coordinador regional del colectivo, ha afirmado que las políticas ambientales deben ser “transversales”.

Por esto, Ecologistas en Acción ha puesto un enfoque en la visión a futuro de dichas políticas. “Pensamos a futuro, para que la economía se mantenga a largo plazo. Castilla-La Mancha es muy rica en recursos y hay que aprovecharlos con los empleos verdes y el reparto de trabajo”, aseguró Villeta. El coordinador recordó que los presupuestos partieron de recortes “muy importantes” que finalmente se han mantenido.

Minería de tierras raras, en “stand by”

Una de las grandes críticas que ha elevado el colectivo es que el Gobierno siga sin referirse de manera tajante en contra a la minería de tierras raras en Campo de Montiel. Esto también ocurre, señaló Villeta, en el caso de la revaloración de pozos ilegales o el fomento de las viñas en espaldera, que “se sigue manteniendo”. Por otro lado, y a pesar de que la oposición al trasvase sí ha sido “rotunda”, Ecologistas considera que no se ha avanzado en políticas de ahorro y sostenimiento en agua ni tampoco en políticas de urbanismo o infraestructuras. Lo mismo ocurre con la agricultura y el desarrollo rural: “es verdad que se ha apoyado la agricultura ecológica, pero no ha habido un cambio de modelo. Todo es bastante coyuntural”, aseguró Villeta.

Finalmente, Ecologistas ha criticado que se haya puesto en marcha un nuevo plan de residuos que “no avanza realmente” a pesar de los casos de Seseña y Chiloeches que “demuestran” que la gestión ha sido negativa en este aspecto. Por eso, Ecologistas ha señalado también que es “necesaria” la modificación del Platecam y la sustitución de los responsables de su aplicación que “provocaron desinformación y mayores daños para la salud y el medio ambiente de los que se hubieran sufrido en caso de haber actuado con criterios de prevención”.

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