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La portavocía de la ley de dependencia estará ubicada en Alcázar

Pertenece a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.

Jesús Alberca tendrá el cargo avalado por la Plataforma regional.

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Foto de archivo de la Plataforma por la Ley de Dependencia en Castilla-la Mancha

Foto de archivo de la Plataforma por la Ley de Dependencia en Castilla-la Mancha

Desde agosto Alcázar de San Juan tendrá la portavocía de la ley de dependencia de la región, personificada en Jesús Alberca. Será portavoz de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.

El ya portavoz ha mantenido encuentros con formaciones políticas y ha recibido la visita del coordinador estatal de plataformas de la ley de dependencia, José Luis Gómez-Ocaña, que a su vez es el presidente de la Plataforma en Castilla-La Mancha. Alberca también se ha reunido con Alfredo Sanz, coordinador del círculo de Podemos de la localidad, entre otras personalidades.

En Castilla-La Mancha actualmente hay unos 35.000 dependientes certificados, unos 17.000 menos desde que Cospedal llegó al gobierno, ya que desde 2011 la Junta ha estado reevaluando todos los casos de dependencia y retirando la misma a numerosas personas. Además, 8.000 de estas personas tienen certificada su dependencia pero no reciben ninguna plusvalía ni prestación, siendo además Castilla-La Mancha la región de España que más recortes ha efectuado dentro de este ámbito.

El principal objetivo de Alberca será aglutinar todos los dependientes de la región así como su grado de dependencia y su motivo, ya que "hay muchos casos diferentes y muchas asociaciones, por eso vamos a llamar una a una para saber la cifra concreta", todo promovido para que la ley llegue a todo el mundo que tiene que llegar y en las condiciones ya no óptimas, sino necesarias para ello, señalando la especial vulnerabilidad de estas personas.

"La situación de los dependientes está al límite de la exclusión social, porque este gobierno se ha dedicado de forma sistemática a retirar prestaciones, plusvalías y derechos que tenían concedidos por ley estas personas", señala Gómez-Ocaña, destacando además que la actual baremación de la ley de dependencia está recurrida ante los tribunales al considerarla ilegal por la Plataforma. Si la justicia fallara en favor de la Plataforma, significaría que la nueva baremación no sería justa y que se volvería a la que había en 2011, que reconocería la dependencia de esas 17.000 personas que han dejado de serlo desde que llegó Cospedal al gobierno. Ese es el principal objetivo a corto plazo de la Plataforma.

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