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El presidente de la Diputación de Albacete, investigado por un posible delito de prevaricación

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete.

Lourdes Cifuentes

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) está investigando al presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, por un presunto delito de prevaricación por el nombramiento del jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) que se hizo mediante una atribución temporal de funciones y no a través de concursillo.

Según la Providencia del TSJCM la “atribución temporal de funciones” mediante un Decreto que ha sido anulado “supone un nombramiento para el puesto de jefe de Servicio del Sepei sin ajustarse al concursillo previo entre funcionarios exigido por el artículo 12.4 del Acuerdo Marco” de la Diputación.

“Esto, que constituye una ilegalidad administrativa que motiva las sentencias dictadas, puede además constituir prevaricación a la vista de los antecedentes que advertían al autor del acto –desde muy variadas fuentes y siempre de manera muy expresa, inequívoca y autorizada– que no debía dictarse el mismo sin el citado concursillo previo”, señala el Alto Tribunal.

Antes este hecho Ganemos Izquierda Unida, con el que el PSOE suscribió el acuerdo de investidura de Cabañero, asegura que el nombramiento del jefe de Servicio del SEPEI es un ejemplo de las “situaciones enquistadas” que vienen denunciando desde el inicio de legislatura en materia de personal. Se refiere Victoria Delicado, portavoz de Ganemos Izquierda Unida en la Diputación, a que la práctica de hacer nombramientos a través de atribución temporal de funciones, como es este caso, es “demasiado abundante y sostenida en el tiempo”, por lo que han señalado que espera que “esta desagradable noticia sirva para poner freno”.

La portavoz de Ganemos ha recordado que la atribución temporal de funciones tiene un límite de seis meses, que está “absolutamente sobrepasado” y que esta práctica la vienen realizando, no solo el actual equipo de Gobierno en la Diputación, sino también ejecutivos anteriores.

Así, la portavoz del grupo provincial Ganemos-Izquierda Unida, Victoria Delicado, ha pedido que se “investigue y aclare” si hubo prevaricación en el nombramiento del jefe de Servicio del Sepei. Hasta que no se resuelta el caso en los tribunales no valorarán si rompen o no el acuerdo de investidura por el que Santiago Cabañero está al frente de la Diputación.

También quieren esperar en Ciudadanos. “Ahora la justicia está actuando y ya dirá lo que tenga que decir”, asegura la portavoz de este grupo provincial, Francis Rubio que dice que el nombramiento del jefe de Servicio del Sepei “fue unilateral y a dedo” algo con lo que su grupo y partido no está de acuerdo.

Desde el grupo Popular en la Diputación han querido recordar que una sentencia judicial de 2016 declaró nulo el nombramiento del actual jefe del Sepei, José Ferrer, y obligaba a reponer en su puesto a Francisco García Ovidio, quien lo fuera durante la anterior etapa de gobierno presidido por Francisco Núñez. Aquella sentencia, dicen, advertía además que a la falta de motivación del acto a la hora de cesar a Ovidio García, le seguía el vicio de desviación de poder al llevar a cabo el nombramiento de Ferrer por hacerlo sin ‘concursillo’ previo, ni procedimiento de selección definitivo.

Por su parte, los servicios correspondientes de la Institución provincial están trabajando para la ejecución de la sentencia que hace referencia a la plaza del jefe de Servicio del Sepei. “Hay un plazo de dos meses para proceder a su ejecución y fue comunicada a principios de este mes”, según fuentes de la Diputación.

Irregularidades en materia de personal

Este nombramiento no es un hecho aislado, tal y como ha asegura Delicado, que ha enumerado irregularidades en materia de personal que señala también el Tribunal de Cuentas. Se trata, según la portavoz de Ganemos Izquierda Unida en la Diputación de “retribuciones temporales de funciones y de comisiones de servicio” que superan, según sus datos, el 60 por ciento del conjunto de la plantilla.

Delicado ha recordado, además, que el informe del Tribunal de Cuentas, aseguraba que en la Diputación de Albacete existen retribuciones “que se estaban pagando sin amparo legal”. “Nosotros hemos querido ponerle freno a estas cuestiones con la convocatoria de la oferta pública de empleo y hemos solicitado que se nombre un Jefe de Personal”, un cargo imprecindible, según la portavoz de Ganemos Izquierda Unida, en una entidad con más de 900 trabajadores.

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