Piden investigar la asistencia de la alcaldesa de Alberche al acto franquista de Madrid

El Foro por la Memoria ha presentado en el Juzgado de Guardia de Talavera de la Reina un escrito en el que pide que se investigue si la asistencia de la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), la 'popular' Ana Rivelles, a una cena organizada por la Fundación Francisco Franco podría ser “ilícita”.

El Foro por la Memoria explica que en esa cena la Fundación homenajeó a varias personas responsables de diferentes administraciones publicas, entre ellas la alcaldesa de esta entidad local dependiente del municipio de Calera y Chozas, “que aceptó tal honor en mérito por haber incumplido la Ley de Memoria y seguir defendiendo la historia y la obra de Francisco Franco”.

“Nuestra intención es que las instancias judiciales valoren esta cuestión y den respuesta a lo que entendemos podría ser un ilícito por parte de una responsable de un Ayuntamiento que debe velar por la defensa de los valores democráticos”, han concluido desde el Foro.

A principios de diciembre, la Fundación Nacional Francisco Franco premió a varios cargos del Partido Popular por defender “la memoria del Caudillo” e incumplir la ley de Memoria Histórica. Los condecorados como 'Caballeros y Damas de Honor' de la institución que honra al dictador fueron el secretario provincial del PP en Badajoz y diputado en la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales, y los alcaldes de Alberche del Caudillo (Toledo) y Guadiana del Caudillo (Badajoz), Ana Rivelles y Antonio Pozo.

Todos los homenajeados asistieron a la cena que la Fundación Franco celebró en Madrid el pasado día 2 de diciembre para conmemorar el aniversario del nacimiento del militar golpista y de la propia institución. El acto sirvió además para premiar, entre otros, a la familia del exgeneral rebelde José Sanjurjo, recientemente exhumado en Pamplona.

Después de la publicación de esta noticia, Ana Rivelles se pronunció sobre este acto afirmando que acudió a título personal y para asesorarse sobre el curso de los procedimientos judiciales que se siguen en casos similares al de este pueblo. Se refería con ello a las denuncias interpuestas por el abogado Eduardo Ranz contra decenas de pueblos con denominación franquista en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.

Según alegó, la Fundación Franco le ofreció abogados para que asumieran la dirección jurídica en el pleito interpuesto contra este pueblo, que rechazó “de plano” por entender que dicha dirección “debía quedar al margen de la política y basarse en criterios estrictamente jurídicos”.