El recorte de diputados es oficial
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que, con la coartada del “ahorro”, reduce el número de diputados en las Cortes regionales para dejarlos en una horquilla de entre 25 y 35 que beneficia al PP y margina a las minorías.
Aunque tanto el Psoe como IU han anunciado su intención de recurrir la reforma estatutaria ante el Tribunal Constitucional dicho recurso, si finalmente se produce, no evitará que se apruebe una nueva Ley electoral en Castilla-La Mancha que concrete el número final de diputados y su reparto provincial, ya que la presentación del recurso no paraliza la aplicación.
PP y el PSOE están de acuerdo en introducir una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) que plantea la recuperación del recurso previo al TC en la tramitación de los Estatutos de Autonomía, pero el PP ha evitado que sea de aplicación al de Castilla-La Mancha.
Nueva Ley electoral dos años después
El portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, ha anunciado la intención de su partido de “ponerse a trabajar de inmediato” en la modificación de la Ley electoral al objeto de definir el número definitivo de diputados, que se aventura serán 33, y la distribución por circunscripciones, sobre la que Cañizares ha dado a entender, porque “no hay muchas más posibilidades”, que habrá tres provincias con diputados impares -Toledo, Cuenca y Guadalajara- y dos pares -Albacete y Ciudad Real-, rechazando que todas sean impares por razones de “población”. Ese reparto beneficiaría al PP sobre el papel, ya que donde tiene más apoyos una ligera diferencia sobre el segundo partido le otorgaría un diputado extra, mientras que donde tiene más dificultades obtendría los mismos diputados que otra opción mayoritaria incluso teniendo menos votos.
Déficit democrático
El efecto de la reducción consolida el bipartidismo y elimina de facto a las minorías. La formación más perjudicada será Izquierda Unida que con el 8 % de los votos, como mínimo, que vaticinan las encuestas no obtendría ningún diputado. Eso supone que, si se diera en 2015 una participación similar a la de 2011, unos 90.000 ciudadanos que votasen esa opción se quedarían sin representación, a los que cabría unir otro 5 % (unas 50.000 personas) que votarán opciones minoritarias (UPyD, Equo…) sin obtener tampoco escaño. Es decir, un mínimo del 13 % de los ciudadanos que voten no estarían representados, para “ahorrar”, a lo que se debe añadir el voto en blanco y los abstencionistas para hacerse una idea del déficit de representatividad de las nuevas Cortes y de un Gobierno que podría estar sustentado por menos de un tercio de los electores.
