La Junta califica de “paripé” la reunión con el Gobierno sobre las 35 horas
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que durante la reunión con el Gobierno central por su negativa a derogar la jornada de 35 horas semanales a los empleados públicos de la región, aprobada por ley en la Comunidad Autónoma, los representantes del Ejecutivo nacional han “cortado” el encuentro, sin poder llegar a una solución.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, acompañado del director de la Función Pública, José Narváez, quien ha tachado el encuentro de “paripé y de profunda decepción”.
Esta reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se produce después de que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy iniciara el pasado mes de febrero el procedimiento al objeto de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Ruiz Molina ha señalado que, una vez transcurrido el 6 de marzo, fecha límite que tenía el Estado para presentar este recurso, el Gobierno central, si lo estimara oportuno, tendría de plazo hasta el próximo 16 de septiembre para volver a presentarlo.
El titular de Hacienda castellano-manchego cree que el Gobierno en funciones no va a presentar este recurso hasta que no se despeje el panorama político y se sepa si se convocan nuevas elecciones.
Un encuentro de 20 minutos
Un encuentro de 20 minutosAsimismo, ha indicado que el encuentro ha durado apenas 20 minutos por lo que no se ha podido profundizar en el fondo de la cuestión, ni ha podido explicar los argumentos de legalidad de la norma.
Ha calificado la actitud del Gobierno en funciones como un “ataque político de torpedeo permanente” y ha pedido a la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que interceda en favor de los funcionarios de la región. “Ningún dirigente del PP ha movido ni un solo dedo”, ha asegurado.
Además, ha lamentado el comportamiento del Gobierno en funciones de “meter miedo a los empleados públicos de la región y de tenerlos nerviosos y preocupados”. “Es la primera vez que un partido culmina su ataque, primero gobernando y luego en la oposición”, ha aseverado.
Ruiz Molina se ha puesto en el hipotético caso de que el Gobierno recurriera esta norma al Tribunal Constitucional, mostrándose convencido de que el Alto Tribunal fallaría a favor de la legalidad de la misma.
