La sanidad castellano-manchega mantiene un nivel “bajo” de privatización
Castilla-La Mancha sigue manteniendo un nivel “bajo” de privatización sanitaria en comparación con otras comunidades autónomas, obteniendo la misma puntuación que en años anteriores, aunque con una deriva al alza que se refleja durante la etapa de gobierno de María Dolores de Cospedal. Así lo refleja el último informe anual de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sitúa a esta región entre las que menos privatizaciones realizaron el año pasado, junto con Extremadura.
Las comunidades con un mayor grado de privatización son Madrid, Cataluña, Baleares y Galicia. Las de grado intermedio son País Vasco, Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Aragón y Murcia; y las de bajo grado de privatización Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.
En general, el informe apunta que se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación del nuestro sistema sanitario en general, especialmente importante a partir de 2009 (se ha pasado del 24,44% del gasto sanitario total en este año al 28,40% en 2013, según los datos de la OCDE) y también se han incrementado los conciertos, el aseguramiento privado y el gasto de bolsillo.
Estableciendo la comparativa con los tres informes anuales llevados a cabo por la Federación, con las mismas variables, tanto Castilla-La Mancha como Extremadura ocupan los dos últimos puestos en todo el periodo en cuanto a su bajo nivel de privatización sanitaria. No obstante, desde la Federación precisan a eldiarioclm.es que en esta región se sigue reflejando una “deriva” hacia la privatización generalizada durante el primer semestre del año 2015, con el Gobierno del PP, donde llegó a aumentar en un punto. Después, con el anuncio del nuevo Ejecutivo regional de frenar los planes privatizadores de hasta cuatro hospitales castellano-manchegos, esa tendencia se frenó.
Según detalla el informe, los fenómenos de privatización han tenido una intensidad variable según las comunidades autónomas atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias. Consideran que el fenómeno privatizador se profundizo y diversifico a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, acentuándose en la última legislatura.
Déficit en transparencia informativa
Dicho esto, la federación precisa que la falta de transparencia informativa es “uno de los grandes déficit” de nuestro sistema sanitario, de manera que “resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias”, incumpliendo con ello las normas de transparencia.
Las variables analizadas se centran en aspectos de aseguramiento, financiación privada, recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación público-privada en cada comunidad autónoma. En todos los casos, Castilla-La Mancha obtiene un promedio por debajo de la media nacional e inferior al resto de comunidades autónomas.
La Federación explica también que las cifras de contratación sistema público con el sector privado están “infraestimadas” por dos motivos: por la presencia del modelo de las mutualidades de funcionarios que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado con lo que estas partidas “no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos”.
