Los sindicatos no descartan movilizaciones por el recurso de Rajoy a las 35 horas
Los sindicatos de Castilla-La Mancha se reunirán en los próximos días con el fin de valorar si llevan a cabo movilizaciones “de forma inmediata” tras el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la jornada laboral de 35 horas semanales y que respalda la presidenta del PP castellano-manchego, Dolores de Cospedal. Lo decían, según recoge Europa Press, antes de la reunión que han mantenido con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Tras la celebración urgente de la Mesa de la Función Pública, los sindicatos están dando a conocer su postura ante el conflicto suscitado por la decisión del Gobierno central. Desde UGT Castilla-La Mancha sugieren dejar a un lado la crítica política para pasar a la acción y “buscar fórmulas” para defender la ley castellano-manchega ante el Tribunal Constitucional y evitar así su futura anulación.
Sin embargo en este sindicato dicen “ser conscientes” de la anunciada suspensión cautelar de la jornada de 35 horas semanales que se prolongará, al menos, durante cinco meses, según reconocía hoy el propio Gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso, este sindicato anima a “buscar una solución” para que los empleados de la Administración Regional “no sean nuevamente atacados y vean sus derechos lesionados”.
Y es que, en su opinión, la jornada de 37,5 horas “ataca directamente la capacidad del personal empleado público de conciliar y obliga a la modificación de su jornada y de la organización de sus turnos de trabajo”. Un problema que, dicen, se extiende mucho mas allá, ya que al anular la norma quienes tengan regulada su jornada en computo anual como el caso del SESCAM o el Personal Laboral, tendrán “dificultades técnicas” para reintroducir este aumento de jornada.
UGT pide “dejar cuestionar la actitud del gobierno estatal y el componente político de esta decisión, ya que sería perder el tiempo”. Urge dar solución a los empleados públicos a través de fórmulas que “por un lado garanticen el cumplimiento de esta medida y por otro permitan al personal de la administración preservar sus derechos y seguir en la senda de la creación de empleo”.
“Lucharemos para que se mantenga la actual jornada, complementando esta hasta alcanzar las 37,5 con otro tipo de formulas que nos permitan acatar la decisión del Tribunal Constitucional y al mismo tiempo dar solución a los 70.000 empleadas y empleados públicos”.
