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Una trama de contratos fraudulentos sobre seguridad vial ‘toca’ a Illescas

Agentes de la UDEF se han personado este martes en el Ayuntamiento para requerir documentación sobre la presunta empresa fraudulenta

Dicha empresa optaba a un concurso público para instalar cámaras de seguridad en el municipio toledano, que ha sido paralizado

El Ayuntamiento se muestra "tranquilo" ante esta situación aunque no descarta que el alcalde tenga que prestar declaración policial

Cámaras de Seguridad

Cámaras de Seguridad

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado la mañana de este martes en el Ayuntamiento de Illescas para requerir documentación acerca de una empresa implicada en una trama fraudulenta de contratos públicos sobre seguridad vial por la que instalaban semáforos y cámaras de seguridad vial a precios hinchados.

Dicha empresa, Aplicaciones Gespol, S.L. -una filial del grupo Sacyr radicada en Catalunya que actualmente está integrada en el grupo Valoriza Servicios Integrales-, se encuentra envuelta en una trama de corrupción que afecta a decenas de ayuntamiento de España y en la que se prevén más de 60 detenciones en la operación, entre ellas de alcaldes y concejales de distintos municipios. Se trata de una operación en la que el juzgado de instrucción 2 de Badalona, responsable de la misma, ha decretado secreto de sumario.

Según ha explicado el segundo teniente de alcalde, Francisco Rodríguez, del Ayuntamiento de Illescas a toledodiario.es, la presunta empresa fraudulenta habría optado a un concurso público para instalar cámaras de seguridad en el barrio del Señorío de Illescas, debido a “los problemas de delincuencia” que el Consistorio afirma que se dan en esta zona del municipio. En este sentido, han querido desmentir que se haya realizado un registro en el Ayuntamiento, así como también han asegurado que, por el momento, no se ha requerido al alcalde del mismo, José Manuel Tofiño, prestar declaración policial sobre este asunto.

Así, el Consistorio ha trasmitido que están “tranquilos” ante esta presunta red de amaños de contratos que a Illescas “le toca de soslayo”. No obstante, no han querido excluir la posibilidad de que el alcalde tenga que prestar declaración por este asunto pero sí han asegurado que los agentes que han acudido al Ayuntamiento han manifestado que su labor allí terminaba, por ahora, tras requisar la documentación que tuvieran respecto a esta empresa.

Adjudicación paralizada

De esta manera, el concurso público convocado por el Ayuntamiento y que estaban tramitando, se va a paralizar ahora. Hasta el momento, indican las mismas fuentes, el concurso se encontraba en su primera fase y todavía no habían adjudicado a ninguna empresa el mismo, aunque sí afirma que habían abierto el primero de los sobres con las solicitudes de las empresas que se han presentado al mismo.

“Se paraliza -la tramitación del concurso- ya que está bajo secreto de sumario. Nos han recomendado paralizarla hasta que el juzgado de instrucción determine lo que tenga que determinar. Sí que es verdad que no hay ningún auto que lo ordene, ningún mandato judciial para paralizarlo, pero hemos entendido.

“No tenemos ningún relación contractual con esta empresa. En el marco de la operación, estaremos a esperar a lo que digan y a colaborar”, ha recalcado el edil sobre la Operación Enredadera, en la que hasta ahora han sido detenidos Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la diputación de León y que fue coordinador del partido en esa región, y José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España.

Se trata de una amplia trama de corrupción en la que, supuestamente, los ayuntamientos realizaban contrataciones irregulares de ese tipo de materiales y servicios en las que los policías locales hacían de intermediarios entre las empresas y los consistorios, y presuntamente se cobraban comisiones.

Los arrestos afectan a PP, PSOE y Ciudadanos

La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que la operación lanzada este martes junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) prevé la detención de “diversas autoridades y funcionarios”, así como que los hechos investigados están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación, sobre la que está al frente la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y en la que participan 580 agentes de la UDEF, han informado a Europa Press que la investigación que “se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal”, ha señalado Anticorrupción. Los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.

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